Más de 600 estatales fueron sancionados en Río Negro: hubo despidos, exoneraciones y suspensiones
Desde 2024, el Estado rionegrino reforzó los controles internos y avanzó con cientos de procesos disciplinarios que derivaron en sanciones para trabajadores de distintos organismos públicos.
Los datos muestran que 614 agentes recibieron algún tipo de sanción disciplinaria, mientras que otros expedientes concluyeron con apercibimientos, sobreseimientos o fueron archivados por falta de mérito o prescripción.
De acuerdo con las estadísticas oficiales, la Junta de Disciplina emitió:
105 cesantías
7 exoneraciones
502 suspensiones sin goce de haberes
En total, las sanciones alcanzaron a más de 600 trabajadores del Estado provincial.
La exoneración constituye la sanción más grave, ya que implica la expulsión definitiva de la administración pública e impide volver a ocupar cargos estatales. La cesantía, en cambio, supone la pérdida del puesto de trabajo, aunque deja abierta la posibilidad de reingresar al Estado en el futuro.
Las suspensiones, por su parte, fueron de hasta 30 días sin percepción de salarios.
Qué faltas motivaron las sanciones
Según explicaron desde la Función Pública, las cesantías y exoneraciones estuvieron vinculadas principalmente a faltas graves, entre ellas:
Abandono prolongado de funciones
Negligencia en el desempeño laboral
Maltrato a ciudadanos, pacientes o compañeros
Condenas penales firmes
Las suspensiones estuvieron asociadas, en general, a incumplimientos cotidianos como inasistencias injustificadas, reiteradas llegadas tarde, conflictos laborales o conductas inapropiadas dentro del ámbito de trabajo.
Casos bajo investigación
Entre los expedientes analizados por la Junta aparecen situaciones de diversa complejidad. Uno de los casos en evaluación involucra a un agente acusado de utilizar su función pública para acceder a datos de tarjetas de crédito de contribuyentes.
Otro expediente investiga la presunta intervención de un empleado en contrataciones de servicios en Bariloche para beneficiar a un proveedor conocido. También existe un importante número de actuaciones vinculadas al sistema de salud.
Entre ellas figuran denuncias contra un trabajador que suministraba medicación en un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS), una médica de guardia pasiva que habría ignorado un llamado de emergencia y un agente que dejó tareas de limpieza a cargo de un familiar.
Otro caso señala que la ausencia injustificada de un trabajador responsable de otorgar turnos en un hospital impedía a pacientes acceder a estudios de alta complejidad.
Asimismo, se aplicó una suspensión de 20 días a un empleado hospitalario que habría concurrido a trabajar en estado de ebriedad, continuado consumiendo alcohol durante la jornada y acosado a una compañera.
En otro expediente, un chofer de hospital recibió una suspensión de 30 díastras utilizar una ambulancia para asistir a una manifestación sin autorización.
La Junta también analiza denuncias contra agentes de Recursos Humanospor presuntas irregularidades en el registro de horas extras y una causa relacionada con personal del CAINA acusado de enviar mensajes de contenido sexual a adolescentes alojadas en la institución.
El Gobierno defiende el proceso disciplinario
La secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, sostuvo que los procedimientos se desarrollan bajo criterios de legalidad y transparencia.
“Las sanciones no son automáticas ni arbitrarias. Hay instructores que investigan, se garantiza el derecho a defensa y se trata de un proceso transparente y consensuado”, afirmó.
La funcionaria también aseguró que se redujeron significativamente los tiempos de resolución de los sumarios, que actualmente demandan entre dos y seis meses, según la complejidad de cada caso.
La Junta de Disciplina, presidida por la subsecretaria Antonela Mestre, está integrada además por representantes del Gobierno provincial y delegados gremiales de ATE y UPCN.
Las críticas de UPCN
Desde UPCN, uno de los gremios que participa de la Junta, cuestionaron la forma en que se presentan los resultados de los procesos disciplinarios.
La secretaria gremial Mónica Miranda consideró que no debe interpretarse como un logro la pérdida de puestos de trabajo dentro de la administración pública.
“No nos parece correcto que se exponga como un logro dejar sin trabajo a un compañero. Las áreas de Recursos Humanos cuentan con herramientas para detectar y abordar estas situaciones antes de llegar a estas instancias”, señaló.
La dirigente también planteó que el contexto económico y social actual impacta sobre muchos trabajadores estatales y reclamó una mayor intervención preventiva por parte de los organismos públicos.
