La Municipalidad de Villa La Angostura dispuso una nueva cesantía dentro de su planta de trabajadores, tras concluir que una empleada incurrió en abandono de servicio. La medida fue firmada por el intendente Javier Murer y se suma a los procedimientos disciplinarios impulsados desde el comienzo de su gestión: hasta el momento, el Ejecutivo contabiliza 30 sumarios administrativos y seis desvinculaciones.
La decisión quedó establecida en el Decreto N.º 2803/2026, firmado el 18 de noviembre. La resolución ordenó ejecutar la sanción contra una trabajadora de planta permanente, luego de que una investigación interna determinara que había acumulado inasistencias injustificadas pese a haber sido intimada a retomar sus funciones.
El caso se enmarca en la política de “Tolerancia Cero” impulsada por el gobernador Rolando Figueroa, a la que adhirió el municipio cordillerano. La iniciativa apunta a reforzar los controles sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales dentro de la administración pública.
Por qué el Municipio decidió despedir a la empleada
Según los fundamentos del decreto, el procedimiento se inició a partir de un expediente administrativo abierto durante 2026 para investigar las ausencias de la trabajadora.
Entre los antecedentes incorporados figura un dictamen de una Junta Médica, fechado el 30 de diciembre de 2025, que había considerado que la empleada se encontraba en condiciones de retomar sus tareas.
Posteriormente, el Municipio le envió una intimación formal para que se reincorporara. La notificación se concretó el 12 de enero de 2026. Sin embargo, de acuerdo con las conclusiones de la investigación, la trabajadora no volvió a presentarse y acumuló inasistencias consideradas injustificadas entre el 13 de enero y el 13 de febrero.
Tras analizar la documentación reunida, la instrucción sumarial concluyó que se había configurado la falta grave de abandono de servicio, contemplada en el Estatuto del Personal Municipal.
La cesantía quedó firme en octubre
La resolución que determinó la sanción fue dictada el 9 de octubre por el instructor sumariante Juan Manuel Baya. En esa instancia se rechazaron los planteos de sobreseimiento automático y caducidad del procedimiento presentados por la defensa de la empleada.
La decisión fue notificada el 16 de octubre y, según consta en el decreto municipal, no fue apelada ante la Junta de Admisión, Calificación, Ascensos y Disciplina (JACAD) dentro del plazo establecido. Por ese motivo, la sanción quedó firme en sede administrativa el 21 de octubre. El decreto firmado por Murer el 18 de noviembre dispuso finalmente su ejecución.
El expediente también registra que la trabajadora había iniciado una acción judicial contra el Municipio para cuestionar algunas actuaciones administrativas. Sin embargo, la resolución señala que no existía una medida cautelar que impidiera aplicar la sanción, sin perjuicio de que la empleada pueda recurrir a la Justicia por las vías correspondientes.
Ya son seis los despidos durante la gestión de Murer
La nueva cesantía se suma a una serie de procedimientos disciplinarios impulsados por el Ejecutivo municipal desde el inicio de la actual gestión.
De acuerdo con los datos difundidos por la administración local, hasta el momento se iniciaron 30 sumarios administrativos y se concretaron seis desvinculaciones.
No obstante, la apertura de un sumario no implica necesariamente que el trabajador vaya a recibir una sanción o ser despedido. Cada expediente debe resolverse a partir de las pruebas reunidas y mediante los procedimientos previstos por la normativa municipal.
Qué establece el Estatuto del Personal Municipal
Las actuaciones disciplinarias se encuadran en el Estatuto del Personal Municipal, aprobado mediante la Ordenanza N.º 1609/05, y en las disposiciones de la Carta Orgánica de Villa La Angostura.
Estas normas establecen las obligaciones de los trabajadores, las faltas que pueden derivar en sanciones y los procedimientos que deben respetarse durante una investigación administrativa.
A su vez, la Carta Orgánica reconoce la estabilidad del empleado municipal y establece que ningún trabajador puede ser removido sin justa causa y sin un sumario previo.
En ese marco, la política de “Tolerancia Cero” constituye una línea de actuación del Ejecutivo local para controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales. Cada desvinculación, sin embargo, debe estar respaldada por un procedimiento administrativo y por las garantías del derecho de defensa.
Fuente: Medios

