El Gobierno de Neuquén avanzó con nuevas cesantías en la administración pública provincial, en el marco de la política de “tolerancia cero” impulsada por el gobernador Rolando Figueroa para depurar el Estado y sancionar incumplimientos graves por parte de agentes públicos.
Las medidas alcanzaron a un trabajador de planta permanente de la Subsecretaría de Trabajo y a un efectivo de la Policía provincial, quienes fueron separados de sus cargos tras la realización de los correspondientes sumarios administrativos.
Cesantearon a un empleado por abandono de cargo
Uno de los decretos dispuso la cesantía de Rubén Héctor Luis Reta, quien se desempeñaba en la Subsecretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano.
La investigación determinó que el agente acumuló reiteradas inasistencias injustificadas durante 2024, entre abril y junio, sin presentar la documentación requerida para justificar su ausencia ni responder a los requerimientos realizados durante el proceso disciplinario.
Desde el Gobierno indicaron que la conducta configuró un abandono de cargo y un incumplimiento de los deberes establecidos en el Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública y en el Convenio Colectivo de Trabajo.
Además, se analizará si el ex empleado percibió haberes correspondientes a los días en los que no prestó servicios. En caso de comprobarse, la Provincia iniciará acciones para recuperar esos fondos e incluso podría dar intervención a la Fiscalía de Estado por un eventual perjuicio al erario público.
Un policía también fue separado de la fuerza
La segunda cesantía alcanzó al agente de la Policía del Neuquén Esteban Maximiliano Pomo, quien fue destituido tras acumular numerosas sanciones disciplinarias.
Según la resolución oficial, el efectivo sumó 75 días de arresto policial entre junio y noviembre de 2025 por distintas faltas cometidas durante el servicio, incumpliendo normas previstas en el Reglamento del Régimen Disciplinario Policial y el Reglamento de Actuaciones Administrativas.
La propia Jefatura de Policía solicitó su expulsión de la fuerza al considerar que la reiteración de las sanciones hacía inviable su continuidad como integrante de la institución.
Las cesantías forman parte de la política de control impulsada por la actual gestión provincial, que busca fortalecer el funcionamiento del Estado mediante sanciones a quienes incumplen sus obligaciones laborales o disciplinarias.
Desde el Ejecutivo sostienen que el objetivo es garantizar una administración pública más eficiente, transparente y orientada a la correcta prestación de los servicios a la ciudadanía.
Fuente: Medios.
