Stericycle acordó pagar más de US$56 millones en Estados Unidos para resolver investigaciones penales y civiles por irregularidades en el manejo de sustancias controladas destinadas a destrucción. El caso, anunciado en mayo de 2026, expuso fallas en los registros, las medidas de seguridad y la trazabilidad de medicamentos retirados de hospitales, farmacias y otros establecimientos sanitarios entre 2015 y 2020.
El expediente estadounidense es diferente del esquema de sobornos en América Latina que la compañía reconoció en 2022. Tampoco atribuye participación a empresarios argentinos vinculados anteriormente con la firma.
En el país, Stericycle tuvo operaciones societarias con los hermanos Gustavo Gabriel y Fernando Javier Mauro y con Gustavo Osvaldo Solari. Los empresarios vendieron TRI-ECO al grupo en 2013 y, siete años después, adquirieron conjuntamente el 90% de MEDAM B.A. S.R.L., según los antecedentes societarios reconstruidos en esta serie.
La Fiscalía Federal del Distrito Este de California informó que la resolución contempla una penalidad de US$19,08 millones y un acuerdo civil por US$37,81 millones. El componente penal incluye un acuerdo de enjuiciamiento diferido por un año.
Medicamentos bajo custodia y fallas de seguridad
Stericycle estaba registrada ante la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) para recibir sustancias controladas no utilizadas, inutilizables o vencidas y gestionar su destrucción. Esa actividad requería mantener registros, garantizar condiciones de seguridad y notificar robos o pérdidas significativas.
Según las admisiones de la empresa reseñadas por la fiscalía, Stericycle utilizó instalaciones de almacenamiento temporal que no estaban registradas ante la DEA y, por lo tanto, quedaban fuera de sus inspecciones regulares.
En algunos establecimientos, los medicamentos permanecían en remolques sin llave dentro de predios cercados. También se detectaron cámaras de seguridad que no funcionaban.
Las autoridades sostuvieron que la compañía omitió presentar notificaciones obligatorias sobre robos y pérdidas significativas. En cuatro oportunidades, ofreció justificaciones para no completar los formularios correspondientes que, según la fiscalía, no tenían respaldo en la normativa federal.
Paquetes sin trazabilidad y riesgo de desvíos
La investigación también identificó deficiencias en el seguimiento de los medicamentos durante su traslado y almacenamiento. Varios gerentes y ejecutivos conocían que la empresa no tenía un sistema confiable para rastrear los paquetes durante el transporte ni para auditar los que recibía en Indianápolis, de acuerdo con el anuncio oficial.
Para las autoridades, esas fallas generaban oportunidades para el desvío de sustancias. La DEA informó que hubo medicamentos robados, consumidos o desviados hacia la comunidad.
El acuerdo civil también describe el uso de documentos internos para registrar dónde probablemente habían sido procesados determinados paquetes cuando la compañía no podía confirmar su recepción y destrucción.
Como parte de la resolución, Stericycle deberá continuar cooperando con las investigaciones relacionadas con esas conductas y reforzar sus mecanismos de cumplimiento, capacitación, supervisión e investigación interna. El acuerdo no exime de responsabilidad penal a las personas individuales.
La venta del negocio y las medidas posteriores
Entre los factores considerados para alcanzar el acuerdo, la fiscalía mencionó que Stericycle vendió en abril de 2020 la unidad de negocio involucrada a una empresa no vinculada, que posteriormente adecuó la actividad a las exigencias regulatorias.
También tuvo en cuenta que la compañía aceptó su responsabilidad y realizó mejoras en sus controles internos.
El expediente pone el foco en una diferencia central para el negocio de los residuos sanitarios: retirar materiales de un establecimiento de salud no alcanza si no se puede acreditar su recepción, custodia y destrucción.
En ese contexto, los reguladores comenzaron a prestar atención a los futuros oferentes, ante la perspectiva de que el próximo año se definan nuevos contratos en distintos estados, provincias y municipios.
Fuente: Medios
