El Gobierno de Neuquén presentó una denuncia penal contra una ex funcionaria del Ministerio de Salud por presuntas irregularidades en la administración de fondos públicos que superan los 21 millones de pesos. La acción judicial fue impulsada por la Fiscalía de Estado tras una auditoría interna que detectó inconsistencias en la rendición de gastos correspondientes a tres expedientes administrativos.
La ex funcionaria ocupó el cargo de directora provincial de Prestaciones y Recupero Financiero y, según la investigación, habría participado en procedimientos que permitieron la disposición de recursos públicos sin que posteriormente pudiera acreditarse de manera clara y suficiente el destino de esos fondos.
La auditoría analizó tres expedientes vinculados con anticipos para gastos de funcionamiento por un monto total de 21.307.500 pesos. Los informes concluyeron que la documentación presentada para justificar los desembolsos resultó insuficiente para verificar el uso efectivo de los recursos.
De acuerdo con la denuncia, una de las principales hipótesis es que los fondos permanecieron bajo disponibilidad de la entonces funcionaria y que luego se intentó respaldar su utilización mediante documentación que no permitió comprobar de manera fehaciente la prestación de servicios o la realización de los gastos declarados.
Los auditores también advirtieron que la ex directora habría intervenido en distintas etapas de los procedimientos administrativos, desde la solicitud de fondos hasta la autorización de pagos, concentrando funciones que habitualmente están sujetas a controles internos.
Las observaciones detectadas
Uno de los expedientes auditados corresponde a un anticipo de 7.837.500 pesos. Allí se detectaron faltas de autorizaciones jerárquicas, ausencia de fundamentos para utilizar mecanismos excepcionales de adelanto de fondos y carencia de documentación bancaria que acreditara pagos a proveedores.
En un segundo caso, por 5.660.000 pesos, los investigadores encontraron facturas con descripciones genéricas, ausencia de remitos y falta de constancias que permitieran acreditar la efectiva prestación de servicios o la entrega de bienes.
El tercer expediente, por 7.810.000 pesos, también presentó inconsistencias en la justificación de gastos, además de documentación considerada insuficiente para vincular los desembolsos con necesidades concretas del área.
Intervención de los organismos de control
Tras las observaciones, la Coordinación de Administración Financiera rechazó las rendiciones presentadas, atribuyó responsabilidad administrativa a la ex funcionaria y remitió las actuaciones al Tribunal de Cuentas.
En paralelo, la Fiscalía de Estado promovió una denuncia penal para que la Justicia determine si las irregularidades detectadas constituyen únicamente incumplimientos administrativos o si existió una maniobra destinada a desviar fondos públicos.
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la presentación forma parte de las políticas de control y transparencia impulsadas en la administración pública.
Ahora será la Justicia la encargada de analizar la documentación reunida durante la auditoría y establecer si existen responsabilidades penales vinculadas al manejo de los más de 21 millones de pesos observados.
Fuente: Medios.
