Patricia Bullrich pretende modificar distintos puntos de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa impulsada por Santiago Caputo que todavía no consiguió avanzar en la Cámara de Diputados. Las diferencias sobre el alcance de las sanciones económicas previstas en el proyecto sumaron un nuevo foco de tensión dentro del oficialismo.
La senadora concentra sus objeciones en los artículos que podrían afectar a empresas argentinas con vínculos comerciales o terminales en el Reino Unido. Desde su espacio califican el texto de “mamarracho” y advierten que las penalidades por la explotación de recursos en las islas podrían generar consecuencias para compañías nacionales.

En la Casa Rosada interpretan el movimiento como una disputa de poder entre Bullrich y Caputo. Sin embargo, desde el entorno de la legisladora rechazan que sus cuestionamientos respondan únicamente a una interna política. “No todo se tiene que leer en clave de interna”, sostienen.
Un proyecto trabado en Diputados
La iniciativa cuenta con dictamen de mayoría desde hace casi un mes, pero todavía no obtuvo media sanción. El miércoles pasado, el oficialismo intentó avanzar con su tratamiento en una sesión especial que terminó fracasando por falta de quórum: se sentaron 126 legisladores, tres menos de los necesarios para habilitar el debate. Provincias Unidas estuvo en el recinto, aunque no ocupó sus bancas.
Tras ese revés, Santiago Caputo apuntó contra la política y los Menem. En su entorno interpretaron la caída de la sesión como un triunfo de los sectores que cuestionan el proyecto, mientras que referentes cercanos al asesor presidencial expresaron sus críticas en redes sociales.

Las objeciones de Bullrich se suman a las advertencias que Estados Unidos había planteado a fines de octubre. Frente a esos cuestionamientos, el Gobierno ya había limitado el esquema de sanciones contemplado en la iniciativa.
La última versión del proyecto también excluye al Ministerio de Seguridad como integrante permanente del Consejo de Seguridad Nacional y restringe las conductas penales vinculadas con la injerencia extranjera en procesos electorales.
Ahora, el oficialismo deberá reorganizar los apoyos para retomar el debate en Diputados. La demora podría extender el trámite legislativo y reducir las posibilidades de que la iniciativa llegue al Senado antes de fin de año.

Fuente: Medios

