El oficialismo llegará al recinto de la Cámara de Diputados con los votos necesarios para aprobar en general el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, pero enfrenta dificultades para conservar uno de sus apartados más controvertidos. Los bloques aliados reclaman cambios profundos en el capítulo 7 y, por ahora, el Gobierno solamente ofreció modificaciones menores.
La discusión se concentró en una reunión a puertas cerradas realizada el jueves pasado en el Salón de Honor. Allí, el PRO y la UCR se comprometieron a acompañar la iniciativa con o sin modificaciones, mientras que Provincias Unidas, Argentina Federal y la diputada radical Karina Banfi reclamaron una revisión más amplia del capítulo cuestionado.

El principal obstáculo es que ese apartado necesita una mayoría especial de 129 votos para ser aprobado, debido a que incorpora disposiciones vinculadas al sistema electoral. Como ese número todavía no está asegurado, el Gobierno podría aceptar su eliminación para garantizar el respaldo al resto del proyecto, especialmente al núcleo de sanciones contra las empresas petroleras que operan sin autorización argentina en el Atlántico Sur.
La sesión está prevista para este miércoles a partir de las 12. Además de la iniciativa sobre Malvinas, el temario incluye la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, acuerdos para transferir competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires en materia de delitos de menores y contra la integridad sexual, el Convenio de Libre Comercio entre la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y el Mercosur, y la enmienda al Protocolo de Montevideo.

El capítulo que genera resistencia
El apartado 7 establece multas para extranjeros sin residencia permanente en el país y personas jurídicas extranjeras que financien campañas electorales. También incorpora nuevos delitos relacionados con la denominada “injerencia extranjera”.
Entre las conductas que contempla se encuentran facilitar operaciones militares o de inteligencia dirigidas por un Estado extranjero u organización para afectar la seguridad nacional o la integridad territorial. Además, prevé penas de prisión para quienes pongan secretos a disposición de gobiernos o servicios de inteligencia extranjeros, o colaboren con operaciones clandestinas de inteligencia.

El texto también prohíbe organizar, financiar o ejecutar “campañas de injerencia extranjera” y “actos de violencia o sabotaje dirigidos contra el Estado argentino o sus habitantes”.
Ante las críticas que recibió la propuesta, el Gobierno aceptó excluir de las sanciones penales y económicas la actividad diplomática ejercida conforme al derecho internacional, la expresión pública de opiniones por parte de Estados extranjeros, el periodismo, la investigación académica y la representación abierta de intereses dentro de la normativa vigente.
Sin embargo, otros puntos continúan generando reparos entre los bloques opositores, como la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad Interior y los protocolos para derribar aeronaves o hundir embarcaciones.

Los principales cambios del proyecto
La iniciativa busca ampliar las facultades del Poder Ejecutivo para actuar ante situaciones definidas como una “amenaza externa”. Ese objetivo es uno de los principales focos de rechazo del peronismo y la izquierda, que consideran que el proyecto funciona como un “caballo de Troya” para concentrar poder en el Gobierno y habilitar medidas excepcionales.
El texto mantiene las sanciones penales y económicas contra quienes exploten sin autorización argentina recursos renovables y no renovables en la cuenca de Malvinas. Las penas pueden llegar a los 20 años de prisión para directores, accionistas, socios y proveedores de las empresas involucradas. No obstante, quedaron excluidos los accionistas con participaciones de hasta el 2% y los fondos de inversión con intervención indirecta en las operaciones.
También se redujeron las multas previstas en la versión original: pasaron de un rango de entre 20.000 y 100.000 barriles de petróleo a otro de entre 2.000 y 40.000.
A pedido de los bloques aliados, el oficialismo amplió la integración del Consejo de Seguridad Nacional, que será presidido por el Presidente e integrado por los ministros de Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores y Economía, el titular de la SIDE y el secretario de Legal y Técnica. Como miembros no permanentes se incorporarán los presidentes de la Cámara de Diputados y provisional del Senado, además de gobernadores.

El organismo tendrá a su cargo la coordinación de la estrategia de seguridad, defensa e inteligencia, así como la protección de infraestructuras críticas. Ante una amenaza externa grave, podrá disponer medidas urgentes como restringir operaciones cambiarias y financieras, bloquear temporalmente fondos y activos, suspender autorizaciones o contrataciones, limitar importaciones y exportaciones y aumentar transitoriamente los derechos aduaneros.
Entre las disposiciones que se mantienen y generan mayor controversia figuran los protocolos para el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques, además de la posibilidad de que las Fuerzas Armadas participen en “operaciones no convencionales”. Los cuestionamientos apuntan a que esas atribuciones podrían desdibujar la separación entre las funciones militares y las de las fuerzas de seguridad.
Otra modificación incorporada a pedido del diputado Eduardo Falcone, del MID, fue la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento para controlar las decisiones del Consejo de Seguridad Nacional. El Poder Ejecutivo deberá informar a ese organismo sobre las medidas adoptadas en un plazo máximo de 48 horas.

Por último, el proyecto otorga rango legal al Registro de Personas y Entidades Vinculadas al Terrorismo (RePET) y habilita la inscripción de organizaciones cuando existan “motivos razonables para sospechar”.
Desde la oposición advierten que las definiciones de “terrorismo” y “amenaza externa” son demasiado amplias y carecen de precisión técnica. Según sus objeciones, esa falta de límites podría dejar margen a decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo y abrir la puerta a restricciones de libertades civiles y políticas.
Fuente: Medios

