La Defensa Pública de Río Negro intervino para determinar las condiciones en las que una mujer adulta mayor fue internada en un geriátrico de Viedma, luego de que familiares denunciaran una presunta internación involuntaria y manifestaran que no podían mantener contacto con ella.
La actuación se inició después de que cuatro sobrinos, provenientes de Bahía Blanca, viajaran a la capital rionegrina para visitar a su tía y no lograran localizarla. La preocupación se intensificó al conocer que la mujer había denunciado previamente a su nuera por presuntos hechos de violencia, situación que había motivado la adopción de medidas de protección por parte de la Justicia de Familia.
Ante ese escenario, los familiares realizaron una presentación ante el Ministerio Público de la Defensa, que promovió actuaciones para establecer el paradero de la mujer, conocer su estado de salud y verificar las condiciones en las que se produjo su institucionalización en un establecimiento geriátrico.
En el marco del proceso, la defensora civil solicitó distintas medidas urgentes para constatar personalmente las condiciones de alojamiento y atención de la adulta mayor, determinar si mantenía contacto con su entorno familiar y establecer si la internación respondió a una decisión libre y voluntaria o si fue adoptada sin su consentimiento.
Las primeras diligencias incluyeron entrevistas realizadas por el equipo técnico de Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Humano de Río Negro con el hijo y la nuera de la mujer. Posteriormente, el organismo logró mantener un contacto directo con la adulta mayor para conocer su situación personal y evaluar su estado.
Desde la Defensa Pública señalaron que la intervención tuvo como objetivo garantizar el respeto de los derechos, la autonomía y la voluntad de la mujer, verificando que la institucionalización se desarrollara conforme a las garantías previstas para las personas mayores y que respondiera a una medida de cuidado acorde con su situación de vulnerabilidad.
El procedimiento se llevó adelante mediante las herramientas previstas en el Código Procesal de Familia de Río Negro, que contempla medidas urgentes y autosatisfactivas para proteger a personas en situación de vulnerabilidad cuando existe riesgo para sus derechos y resulta necesario adoptar una respuesta judicial inmediata.
