La Justicia de Río Negro comenzó a avanzar formalmente en una causa que involucra a una médica, su esposo y más de un centenar de efectivos de la Policía provincial, quienes son investigados por el presunto uso de certificados médicos apócrifos para justificar inasistencias laborales.
La denuncia fue presentada en junio de 2024 por el gobernador Alberto Weretilneck, a través de la Fiscalía de Estado, luego de que organismos de control detectaran una serie de irregularidades vinculadas al otorgamiento de licencias médicas dentro de la administración pública.
La primera audiencia judicial se llevó a cabo en Viedma y tenía como objetivo la formulación de cargos. Sin embargo, la magnitud del expediente obligó a modificar la dinámica prevista.
Debido a la cantidad de personas involucradas y a que muchos de los acusados participaron de manera virtual desde distintas localidades de la provincia, el juez Adrián Dvorzak dispuso dividir el proceso en grupos de 20 imputados para garantizar que cada uno conozca detalladamente los hechos que se le atribuyen.
La causa ya se perfila como una de las investigaciones más extensas de los últimos años en la provincia por el volumen de personas alcanzadas.
La pesquisa se originó a partir de auditorías y controles realizados por la Secretaría de la Función Pública, que detectó patrones repetitivos y situaciones consideradas irregulares en la emisión de certificados médicos utilizados por agentes estatales.
Según se informó, los análisis permitieron identificar una importante cantidad de licencias otorgadas bajo circunstancias que despertaron sospechas, lo que derivó en la apertura de sumarios administrativos y denuncias penales.
Los organismos de control sostienen que podría haber existido un mecanismo destinado a facilitar licencias médicas de manera irregular, generando un perjuicio económico para el Estado provincial y afectando el funcionamiento de distintos organismos públicos.
Uno de los aspectos más sensibles de la causa es la participación de integrantes de la Policía de Río Negro
La investigación busca determinar si más de 100 efectivos utilizaron documentación presuntamente irregular para justificar ausencias laborales. De confirmarse las sospechas, la maniobra no solo habría tenido impacto económico sobre las cuentas públicas, sino que también podría haber afectado la capacidad operativa de la fuerza de seguridad.
Con la formulación de cargos en marcha, la investigación ingresó ahora en una etapa clave. La Justicia deberá reunir pruebas y establecer si existió una estructura organizada para emitir o utilizar certificados médicos falsos con el objetivo de obtener beneficios indebidos.
Además de las posibles responsabilidades penales, el expediente podría derivar en sanciones administrativas y medidas disciplinarias para los involucrados.
Mientras avanza el proceso judicial, la causa ya se convirtió en uno de los expedientes más relevantes y complejos que enfrenta actualmente la administración pública rionegrina.
Fuente: Medios.
