La intendenta de Ingeniero Huergo, Silvia Penilla, fue imputada por los presuntos delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en una causa que investiga un supuesto manejo irregular de fondos municipales.
Durante la audiencia realizada este martes, el Ministerio Público Fiscal también formuló cargos contra otras dos personas, acusadas de haber participado de manera necesaria en la maniobra investigada.
De acuerdo con la acusación, la jefa comunal habría abusado de sus facultades de administración y disposición de fondos públicos, implementando un mecanismo de pagos por fuera del régimen legal previsto para retribuir funciones públicas, con la colaboración de los otros dos imputados.
La fiscal Vanesa Cascallares sostuvo que la funcionaria permitió la disposición irregular de caudales públicos mediante documentación y modalidades de contratación que no correspondían, provocando un perjuicio patrimonial estimado en 6.183.796 pesos.

La acusación contra la intendenta fue encuadrada en los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público, mientras que a las otras dos personas se les atribuyó el rol de partícipes necesarios en la maniobra.
Como respaldo de la imputación, la Fiscalía presentó una serie de elementos de prueba, entre ellos la denuncia penal del Tribunal de Cuentas de Ingeniero Huergo, pedidos de informes realizados a la intendenta, contratos de locación de servicios, facturas emitidas por los imputados y comprobantes de transferencias realizadas desde el municipio hacia la cuenta personal de una de las personas acusadas.
También forman parte del expediente la documentación secuestrada durante un allanamiento, informes de ARCA, OiTel, Rentas de Río Negro y una pericia técnica elaborada por el Departamento de Contaduría Forense del Ministerio Público.
Durante la audiencia, la defensa de los tres imputados rechazó la formulación de cargos y cuestionó la legitimidad de la querella.
Tras escuchar a las partes, el juez de Garantías resolvió pasar a un cuarto intermedio y anunció que dará a conocer su decisión el próximo 30 de julio, a las 12, mediante una audiencia virtual por Zoom.

