El Gobierno de Neuquén dispuso la cesantía de un auxiliar de servicio que acumuló más de un año de inasistencias injustificadas en una escuela de la capital provincial. Además de perder su puesto, deberá afrontar un procedimiento para determinar si percibió haberes durante el período en que no trabajó y, de ser así, devolver el dinero.
La medida alcanzó a Matías Ezequiel Gutiérrez, quien se desempeñaba como auxiliar de servicio en el Centro Provincial de Enseñanza Media (CPEM) 19 de Neuquén capital. El Gobierno provincial confirmó la resolución que había emitido el Consejo Provincial de Educación (CPE) y resolvió su cesantía por abandono de cargo.
Según la documentación oficial, el agente faltó “en forma injustificada a su puesto de trabajo durante el período comprendido entre el primero de julio de 2023 y el 10 de julio de 2024”.
Sin embargo, las irregularidades registradas no se limitarían a ese lapso. El expediente se inició a partir de presentaciones de la institución educativa que advertían sobre inasistencias injustificadas desde 2018. Una exautoridad del establecimiento confirmó esos antecedentes y señaló que “nunca llegó a conocer personalmente” al trabajador. Además, Gutiérrez fue citado en dos oportunidades para prestar declaración, pero no concurrió a ninguna de ellas.
Los auditores también detectaron registros vinculados con presuntos abandonos de cargo en distintos períodos entre 2018 y 2023, durante la gestión provincial anterior. A eso se sumaron intentos fallidos de notificación postal, debido a que el domicilio informado no existía.
En su descargo, el agente habría intentado justificar algunas de las primeras ausencias mediante supuestas “medidas de fuerza”. No obstante, el expediente indica que fue intimado formalmente para presentar la documentación que respaldara sus faltas y regresar a sus funciones, pero no respondió, no se presentó en la escuela ni aportó comprobantes.
La sanción también contempla la posibilidad de recuperar los salarios abonados durante el período de inasistencias. La resolución ordena verificar si el trabajador cobró haberes mientras no prestaba servicios y, en caso de confirmarse, poner en marcha los mecanismos administrativos para recuperar esos fondos.
Si no se logra la restitución del dinero, el CPE deberá iniciar las acciones judiciales correspondientes ante una posible situación de enriquecimiento sin causa en perjuicio del Estado provincial. El documento también prevé la intervención de la Fiscalía de Estado si resulta necesario.
La resolución sostiene que “la conducta investigada no constituye una ausencia aislada o circunstancial, sino una falta de prestación del servicio que se prolongó durante más de un año, obligando a la administración a disponer sucesivos reemplazos temporarios para cubrir las tareas correspondientes al agente y garantizar la continuidad del servicio”.
El caso se suma a otras medidas disciplinarias impulsadas por la actual gestión provincial en el marco de su política de “tolerancia cero” frente a las irregularidades en la administración pública. Desde el Gobierno destacaron que el objetivo es avanzar con sanciones ante incumplimientos laborales, independientemente de cuándo hayan comenzado.
Fuente: Medios.

