El Senado aprobó el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluye la restitución de la Ley de Tierras Rurales y establece procedimientos más rápidos para recuperar inmuebles usurpados. La iniciativa consiguió 42 votos afirmativos y 26 negativos, con el respaldo de La Libertad Avanza y distintos bloques aliados.
Acompañaron al oficialismo la UCR, el PRO, Despierta Chubut, Provincias Unidas, Convicción Federal y Movimiento por Misiones. En rechazo votaron el bloque Justicialista, Movere Santa Cruz, La Neuquenidad, Primero los Salteños, el Frente Cívico de Santiago del Estero y Justicia Social.

La discusión tuvo un recorrido complejo para el Gobierno. Durante el tratamiento, debió retirar modificaciones a las leyes de Tierras y de Manejo del Fuego. Luego, en Diputados, se reincorporó la normativa sobre tierras rurales, ante el riesgo de que pudiera derogarse el DNU 70/23.
De esta manera, se mantienen las restricciones a la extranjerización de campos: el límite del 30% de propiedad extranjera a nivel nacional, provincial y departamental, junto con un máximo de 1.000 hectáreas en zonas núcleo. Las restricciones también alcanzan a los espejos de agua y las zonas de frontera.
Desalojos más rápidos y cambios en las expropiaciones
El texto aprobado establece un mecanismo de desalojo exprés para inmuebles usurpados o con tenedores precarios. En esos casos, el juez podrá ordenar la restitución inmediata de la propiedad cuando considere verosímil el derecho invocado y se presente una caución juratoria.
A pedido del propietario, el magistrado podrá intimar la devolución del inmueble dentro de las 72 horas. Para iniciar el procedimiento, el titular deberá acreditar mediante documentación que es el dueño del terreno, vivienda o campo.

El régimen establece un tratamiento diferente para los inquilinos que mantienen deudas por sus contratos. Antes de avanzar con otras medidas, el propietario deberá enviar una carta documento y conceder un plazo mínimo de 10 días corridos para regularizar los pagos, contado desde la recepción de la notificación.
En materia de expropiaciones, la iniciativa dispone que la declaración de utilidad pública deberá interpretarse de manera restrictiva y que el Estado tendrá que fundamentar claramente los motivos de esa decisión.
También fija un límite del 30% para la indemnización por lucro cesante, un porcentaje que no estaba establecido en el proyecto original. La tasa de interés aplicable será la correspondiente al Índice de Precios al Consumidor más la tasa del Banco Nación a 30 días.

Cambios para acceder a la escritura de viviendas
Por último, el proyecto modifica la denominada Ley Pierri de regularización dominial. La reforma busca facilitar el acceso a la escritura de viviendas únicas para familias que puedan acreditar una posesión pública del inmueble durante los 10 años anteriores.
Fuente: Medios

