Según surge de la documentación judicial, las acreencias podrían superar los 16 millones de dólares y alcanzan a proyectos ubicados en Neuquén, Cipolletti y Cinco Saltos.
El expediente tramita en la Unidad Jurisdiccional N.º 1 de Cipolletti y el síndico designado, el contador Maximiliano Lapuente, ya presentó el informe individual de créditos en el que recomienda cuáles deben ser admitidos y cuáles rechazados por falta de documentación suficiente. Además del proceso concursal, existe una causa penal en trámite que es investigada por el fiscal Juan Manuel Narváez.
Los proyectos involucrados
Los principales reclamos están vinculados a tres desarrollos centrales: el complejo Vivo Confluencia, el edificio Custo San Juan en Neuquén y el loteo Don Ricardo en Cinco Saltos.
De acuerdo al informe presentado en la causa, el síndico recomendó admitir más de 100 créditos y declarar inadmisibles alrededor de 30.
Entre los casos relevados aparece el de una acreedora que entregó un terreno a la empresa a cambio de cuatro departamentos y dos bauleras en el edificio Custo San Juan, propiedades que nunca fueron escrituradas. Su crédito fue valuado en aproximadamente 916 mil dólares.
Otro comprador del mismo edificio tiene reconocido el derecho a escriturar un departamento valuado en más de 214 mil dólares, además de sumas adicionales derivadas de multas contractuales obtenidas en sede judicial.
En el caso del loteo Don Ricardo, los terrenos fueron valuados a razón de 50 dólares el metro cuadrado, mientras que las unidades del edificio Custo San Juan rondan los 221 mil dólares para departamentos de dos ambientes con cochera.
Dos escenarios distintos para los compradores
El informe de la sindicatura diferencia la situación de quienes ya poseen físicamente sus propiedades de aquellos compradores que adquirieron unidades aún no construidas.
En las etapas I y III de Vivo Confluencia y en Custo San Juan, muchos adquirentes ya habitan los departamentos, pagan expensas y conformaron consorcios de hecho. Para esos casos, el síndico recomendó reconocer el derecho a escriturar una vez que se completen los trámites administrativos pendientes, como finales de obra e inscripción de reglamentos de copropiedad.
La situación es diferente en las etapas II, IV, V y VIII del complejo Vivo Confluencia, donde todavía no existen las unidades prometidas.
En esos casos, la sindicatura consideró que corresponde transformar la obligación de entrega en créditos valuados en dinero, calculados según el valor actual de mercado de los inmuebles.
La discusión por las valuaciones
Uno de los principales puntos de conflicto dentro del expediente es el criterio de actualización de las deudas. La empresa sostiene que los montos deberían calcularse aplicando intereses judiciales sobre el dinero efectivamente abonado por los compradores.
Sin embargo, el síndico rechazó ese mecanismo al considerar que generaría diferencias distorsivas entre compradores de unidades similares. En cambio, el informe judicial tomó como referencia valores actuales de mercado obtenidos mediante tasaciones judiciales, inmobiliarias y consultas especializadas.
El expediente también detectó irregularidades contables dentro de la empresa. Según el informe, existen períodos completos sin registraciones obligatorias en los libros contables, particularmente entre 2012 y 2015.
Pese a ello, muchas operaciones pudieron acreditarse mediante documentación complementaria aportada por compradores, como facturas, correos electrónicos y estados de cuenta.
Cómo sigue el proceso judicial
El próximo paso será la resolución prevista en el artículo 36 de la Ley de Concursos, mediante la cual el juez determinará oficialmente qué créditos serán reconocidos dentro del expediente.
Posteriormente, la empresa deberá presentar una propuesta de acuerdo preventivo ante los acreedores. Si no consigue las mayorías legales necesarias, el proceso podría derivar en una quiebra.
Mientras tanto, quienes ya ocupan sus viviendas podrían avanzar hacia la obtención de las escrituras, aunque con demoras administrativas pendientes.
En cambio, los compradores de proyectos inconclusos continúan a la espera de definiciones sobre la continuidad de las obras o la posibilidad de recuperar parte del dinero invertido.
Fuente: Medios
