Un hombre de Cinco Saltos fue declarado responsable penal del delito de “tenencia de material de abuso sexual infantil” (MASI) en calidad de autor y condenado a prisión efectiva. El el segundo sujeto sentenciado por un delito con características en la región en el término de unas pocas semanas.
La causa judicial se inició a partir de un reporte internacional y un posterior allanamiento en su vivienda, donde las autoridades secuestraron de su teléfono celular cerca de un centenar de archivos con imágenes de menores de edad.
En la audiencia de formulación de cargos realizada en el mes de octubre de 2025, la fiscal Judith Saccomandi detalló que la investigación comenzó cuando la empresa Google detectó que desde la cuenta del acusado se había subido a la nube un archivo de vídeo con contenido ilícito. Este hallazgo fue reportado formalmente por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés), lo que permitió a la fiscalía rastrear la conexión y la línea telefónica asociadas al sospechoso.
A partir de estos datos, la jueza de Garantías autorizó un registro en el inmueble donde residía el imputado. Durante el allanamiento, llevado a cabo por la Brigada de Investigaciones, la policía secuestró el teléfono celular del acusado para someterlo a pericias informáticas.
Posteriormente, el área forense de la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (OITEL), dependiente del Ministerio Público, realizó la extracción de datos del dispositivo móvil secuestrado. Los peritos confirmaron el hallazgo de un total de 79 videos y 20 fotografías que contenían material de abuso sexual con víctimas menores de edad, entre 13 y 18 años, los cuales se mantuvieron almacenados en el teléfono durante varios meses.
La confesión
La fiscalía atribuyó formalmente al acusado la responsabilidad por el delito de tenencia de material de abuso sexual infantil (artículos 128 segundo párrafo, 45 y 55 del Código Penal). Las evidencias presentadas en la audiencia incluyeron los informes del organismo internacional, los peritajes informáticos de la OITEL y el acta del procedimiento policial. Además, la fiscal expresó que las víctimas no pudieron ser identificadas hasta el momento.
El imputado, presente en la audiencia, admitió su participación en los hechos mencionados, mientras que su defensor oficial, Sebastián Nolivo, no presentó objeciones a los hechos relatados ni a la calificación penal propuesta.
La defensora de menores, Alicia Merino, en representación de las víctimas menores de edad, expresó estar de acuerdo con el proceso realizado. Luego de escuchar a las partes, el juez Guillermo Baquero Lazcano dictó la sentencia y condenó al acusado a la pena solicitada. La resolución adquirió firmeza de manera inmediata debido a la renuncia de los plazos procesales. Además, se resolvieron las costas del proceso, la declaración de reincidencia y la destrucción del material.
El caso del ecuatoriano que sacudió la región
A principios del mes pasado un sujeto de nacionalidad ecuatoriana fue condenado por la justicia cipoleña a 25 años de prisión efectiva por los delitos de abuso sexual, producción, distribución y tenencia de material de abuso sexual infantil.
Nelson Javier Bonilla Bravo se llama y tiene 37 años de edad. El depravado admitió su culpa en los cargos atribuidos por la fiscalía. Lo responsabilizaron por atraer a niños y adolescentes a la casa donde vivía, en un barrio de la zona de la periferia norte de la ciudad, donde les suministraba un potente somnífero que les provocaba la pérdida del conocimiento, para luego vejarlos. Pero no solo cometió esa aberración, sino que también se filmaba cuando consumaba los ataques y luego distribuía ese material.
Fuente Medios
