La política de control sobre empleados estatales impulsada por el gobierno de Rolando Figueroa sumó en las últimas horas dos nuevos casos de cesantías dentro de la administración pública neuquina. Se trata de un agente acusado de abandonar su puesto tras irse del país sin autorización y de una enfermera que admitió haber confeccionado certificados médicos falsos.
El primero de los casos corresponde a Lucas Ezequiel Cornide Villegas, quien se desempeñaba como personal de planta permanente en el Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos. La administración provincial resolvió su cesantía por abandono de cargo, luego de registrar ausencias continuas e injustificadas en dos períodos distintos.
Según consta en el expediente administrativo, el agente faltó entre el 20 de noviembre y el 22 de diciembre de 2023 y nuevamente desde el 3 de enero hasta el 1 de marzo de 2024.
Tiempo después, el 13 de julio de 2024, Cornide Villegas aseguró haber solicitado una licencia sin goce de haberes por el plazo de un año. Sin embargo, afirmó no contar con documentación respaldatoria porque ya residía en otro país.
Desde el gobierno provincial indicaron que no existe constancia alguna del inicio de un expediente vinculado a ese pedido de licencia, por lo que se avanzó con la sanción administrativa y el despido definitivo del agente.
Una enfermera fue desvinculada
El caso se suma a otra cesantía reciente dentro del sistema público provincial, esta vez vinculada al área de Salud.
La sanción alcanzó a Caren Noemí Baeza, enfermera del Hospital Jorge Juan Pose de Zapala, quien fue despedida tras comprobarse que confeccionó certificados médicos apócrifos para justificar la ausencia laboral de su hermana.
El sumario administrativo fue iniciado el 16 de mayo de 2024 por la subsecretaría de Salud y determinó que la enfermera elaboró dos certificados falsos fechados el 12 de diciembre de 2023.
Los documentos llevaban la firma de una médica que ese día no había trabajado ni realizado guardias en el centro de salud. Según la investigación, la profesional había dejado certificados previamente firmados para eventuales emergencias y la enfermera utilizó esos formularios sin autorización.
La médica involucrada declaró posteriormente que no conocía a la supuesta paciente y aseguró que la letra de los certificados no correspondía a la suya. La situación quedó definitivamente acreditada cuando la propia agente reconoció su responsabilidad durante el descargo presentado ante las autoridades.
“Pido disculpas por mi accionar, asumo la responsabilidad del error cometido. Actué sin pensar y sin medir las consecuencias de mis actos”, expresó Baeza en el documento oficial.
En su declaración explicó que actuó luego de recibir un pedido de ayuda de su hermana, quien necesitaba justificar una falta laboral para asistir al acto escolar de fin de año de su hijo.
Ambos casos se enmarcan en la política de revisión y control interno que lleva adelante la administración provincial sobre el funcionamiento del Estado y el desempeño de los empleados públicos.
Fuente: Medios
