Un proyecto de ley ingresó a la Legislatura de Río Negro con el objetivo de promover la contratación de personas con discapacidad en el sector privado mediante un régimen de incentivos fiscales. La iniciativa, presentada por la legisladora Roberta Scavo (ARI-Cambiemos), busca reducir las barreras para el acceso al empleo formal y ampliar las oportunidades laborales para quienes cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).
La propuesta sostiene que, si bien la provincia cuenta con políticas de inclusión dentro del Estado, el ámbito privado aún carece de herramientas sistemáticas que incentiven la contratación de personas con discapacidad. En ese sentido, plantea un esquema de beneficios destinado a empresas, cooperativas, mutuales y organizaciones sin fines de lucro radicadas en Río Negro.
El eje central del proyecto es la creación de un crédito fiscal sobre el Impuesto a los Ingresos Brutos. Los empleadores que incorporen trabajadores con discapacidad bajo la modalidad de contrato por tiempo indeterminado podrán acceder a un beneficio mensual equivalente al 50% de las contribuciones patronales correspondientes a esos empleados.
Además, la iniciativa contempla un reconocimiento retroactivo para las empresas que ya tengan incorporadas personas con discapacidad a su plantel. En esos casos, podrán solicitar el crédito fiscal por un período de hasta seis meses anteriores a la entrada en vigencia del régimen.
El proyecto también establece mecanismos de control para evitar abusos. El beneficio no podrá superar el 35% del monto mensual del Impuesto a los Ingresos Brutos ni exceder el equivalente al 50% de un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). Asimismo, el programa contará con un cupo presupuestario anual definido por la Provincia.
Entre las condiciones previstas, quedarán excluidas del régimen las empresas que mantengan empleo no registrado, deudas fiscales o hayan reducido injustificadamente su plantilla laboral en los seis meses previos a solicitar el beneficio. En esos casos, el incentivo será revocado con efecto retroactivo.
La iniciativa prevé que la aplicación de la ley quede a cargo del Consejo Provincial de las Personas con Discapacidad y del Ministerio de Trabajo, organismos que además administrarán un Registro Provincial de Postulantes con Discapacidad para el Sector Privado. Según Scavo, la propuesta apunta a transformar la inclusión laboral en una política que promueva autonomía, productividad e igualdad de oportunidades.
