El Gobierno introdujo cambios en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con el objetivo de ampliar su alcance y facilitar la implementación de los proyectos. Las modificaciones incluyen nuevas condiciones para reconocer a proveedores locales, precisiones sobre los compromisos de inversión y reglas para reorganizaciones empresariales y el ingreso de divisas.
Las disposiciones quedaron establecidas en el Decreto 1366/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial. La normativa busca aportar mayor claridad a la aplicación del régimen, agilizar la incorporación de empresas radicadas en el país y ordenar los procedimientos ante cambios en la estructura de las compañías.

Uno de los principales cambios está vinculado con la definición de proveedor local. A partir de ahora, en el caso de las personas jurídicas, esa condición se determinará exclusivamente por su constitución y domicilio en la Argentina, sin importar la nacionalidad o residencia de sus accionistas ni la composición de su capital social.
De esta manera, una empresa de origen extranjero podrá ser considerada proveedora local si está constituida y tiene domicilio en el país. No obstante, los bienes que suministre deberán continuar cumpliendo con las reglas de origen nacional del MERCOSUR.

Nuevos criterios para las inversiones
El decreto también introduce modificaciones para los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo. En particular, establece una fecha límite única para alcanzar el monto mínimo de inversión global en activos computables exigido para el proyecto único.
El objetivo es diferenciar el cumplimiento de esa inversión total de los compromisos establecidos para cada etapa individual. De esta forma, se busca evitar superposiciones entre los plazos previstos para los distintos tramos del proyecto y la meta general de inversión.

Otro apartado de la normativa regula los cambios en la estructura de los Vehículos de Proyecto Único (VPU). La adquisición de acciones o cuotas por parte de terceros no modificará los derechos obtenidos bajo el RIGI, aunque el monto de esa operación no podrá contabilizarse como inversión en activos computables para alcanzar los mínimos exigidos.
Además, se habilita la cesión de participaciones y el ingreso de nuevos integrantes. Estas operaciones deberán notificarse a la autoridad de aplicación dentro de los 15 días corridos posteriores a su inscripción. El organismo tendrá un plazo de 30 días corridos para realizar observaciones.
El decreto también autoriza expresamente las reorganizaciones societarias mediante la transferencia integral de activos y obligaciones a una Sociedad Anónima (SA) o una Sociedad Anónima Unipersonal (SAU). En esos casos, se conservarán la fecha de adhesión original al régimen y los derechos adquiridos, sin que la operación sea considerada una nueva incorporación al RIGI.

Cambios para el ingreso de divisas
La reglamentación también modificó las condiciones vinculadas con el acceso al mercado de cambios y la acreditación de divisas liquidadas ante el Banco Central (BCRA).
A partir de ahora, podrán computarse no solo los fondos ingresados directamente por el Vehículo de Proyecto Único, sino también aquellos provenientes de aportes de no residentes o de endeudamientos externos que hayan sido liquidados por sus accionistas o socios.

Para que esos recursos sean reconocidos, deberán destinarse efectivamente al proyecto de inversión y contar con registros contables que permitan garantizar su trazabilidad.
Con estas modificaciones, el Gobierno busca flexibilizar distintos aspectos operativos del RIGI y establecer criterios más precisos para las empresas que participan del régimen, tanto en la incorporación de proveedores como en el cumplimiento de las inversiones y la administración de los fondos.
Fuente: Medios

