Dos mujeres fueron imputadas por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización luego de una serie de allanamientos realizados en Centenario. Durante uno de los procedimientos, una de ellas intentó deshacerse de una bolsa con cocaína arrojándola al inodoro, pero los efectivos lograron recuperarla antes de que pudiera accionar la descarga.
Los operativos se llevaron adelante el lunes 3 de noviembre, en el marco de una investigación iniciada a partir de una denuncia por balaceras en un sector de la localidad. En total, la Policía secuestró cerca de 600 gramos de clorhidrato de cocaína, balanzas de precisión, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos vinculados con la presunta comercialización de drogas.
Durante los procedimientos fueron identificadas dos mujeres, cuyas iniciales son B.A. y M.Q., en domicilios donde se encontró la sustancia.
Intentó descartar la cocaína en el inodoro
En una de las viviendas, B.A. intentó arrojar una bolsa con cocaína al inodoro cuando advirtió el ingreso del personal policial. Sin embargo, los efectivos intervinieron rápidamente y evitaron que pudiera accionar la descarga.
El envoltorio contenía 66 gramos de cocaína compactada. En ese mismo domicilio también se secuestraron una balanza digital nueva, otra con restos de la droga, un envoltorio con 0,36 gramos de cocaína, más de $780.000, un teléfono celular y pequeñas bolsas de nylon que suelen utilizarse para el fraccionamiento.
En la segunda vivienda, donde fue identificada M.Q., los efectivos encontraron dos bolsas con cocaína compactada de 416 y 103 gramos. Además, secuestraron 38 envoltorios que contenían otros 19 gramos de la sustancia, una balanza de precisión y un teléfono celular.
La investigación y las medidas para las imputadas
Durante la audiencia, el asistente letrado Pablo Jávega atribuyó a ambas mujeres el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en calidad de autoras.
Como parte de las pruebas, mencionó los testimonios de los policías que participaron de los procedimientos, los testigos de actuación, los resultados de los reactivos y pesajes de las sustancias y los registros de los allanamientos.
También hizo referencia a una investigación anterior, desarrollada entre abril y junio de 2025, durante la cual se habían detectado movimientos compatibles con la venta de drogas en uno de los domicilios. Además, señaló la vinculación de una de las imputadas con otra persona investigada por actividades relacionadas con la comercialización de estupefacientes y mencionó denuncias recibidas mediante información financiera y la aplicación Neuquén Te Cuida.
Jávega solicitó cuatro meses para completar la investigación preparatoria. Durante ese período se prevé avanzar con la apertura y el análisis de los teléfonos celulares secuestrados, además de profundizar las medidas de investigación financiera.
Por los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, el asistente letrado acordó con las defensas que ambas mujeres cumplieran detención domiciliaria en una vivienda de San Patricio del Chañar, con controles policiales tres veces por día.
El juez de garantías Juan Manuel Kees tuvo por formulados los cargos y dispuso las medidas cautelares solicitadas por un plazo de cuatro meses.
Seis condenados por una organización narco en Junín de los Andes
En otro caso vinculado con el narcotráfico en la provincia, seis hombres fueron condenados por integrar una organización dedicada a la comercialización de cocaína en Junín de los Andes. Las penas alcanzaron hasta los seis años de prisión efectiva y contemplaron los distintos roles que cumplían dentro de la estructura, desde la provisión y coordinación de la droga hasta su acopio, fraccionamiento y venta.
El acuerdo pleno fue presentado por el fiscal jefe Gastón Ávila y contó con el reconocimiento de responsabilidad de los seis acusados por hechos cometidos entre el 7 de enero y el 30 de abril de 2026.
El principal condenado fue Miguel Ángel Aguirre, señalado como líder y organizador de la banda. Recibió seis años de prisión efectiva y una multa de $8.400.000 por tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio, agravado por la participación organizada de tres o más personas.
Por su parte, Tomás Fausto Giménez fue condenado a tres años y seis meses de prisión efectiva. Según la investigación, estaba a cargo del acopio y fraccionamiento de la cocaína en el barrio Nehuenche. Fue considerado partícipe secundario del comercio agravado de estupefacientes y también condenado por tenencia ilegal de un arma de fuego de uso civil.
Los otros cuatro integrantes recibieron condenas de ejecución condicional y deberán cumplir distintas reglas de conducta:
- Mario Rubén Aguirre: cuatro años de reglas de conducta.
- Armando Héctor Ricci: tres años de reglas de conducta.
- Jeremías Emanuel Dinamarca: dos años de reglas de conducta.
- Eric Ezequiel Arriagada: tres años de prisión en suspenso y dos años de reglas de conducta.
Entre las obligaciones impuestas se encuentran el control de la Dirección de Población Judicializada, la prohibición de contacto entre los integrantes de la organización, la restricción de vincularse con sustancias estupefacientes, la obligación de fijar domicilio y no cometer nuevos delitos.
Fuente: Medios
