La causa Viento Sur tendrá una nueva revisión judicial luego de que el fiscal jefe Pablo Vignaroli confirmara que la Fiscalía apelará la resolución de la jueza de garantías Natalia Pelosso. La magistrada había sobreseído a los exministros de Desarrollo Social Abel Di Luca y Germán Chapino y reducido de manera considerable el alcance de la acusación por el presunto desvío de más de $1.208 millones.
Vignaroli cuestionó los fundamentos del fallo y sostuvo que la jueza avanzó sobre el contenido de la prueba durante una etapa procesal que, según planteó, debía concentrarse en determinar la legalidad y admisibilidad de los elementos que eventualmente serían utilizados en un juicio.
“La jueza toma la decisión sin conocer la prueba”, afirmó el fiscal. En ese sentido, explicó que, desde la perspectiva del Ministerio Público, la valoración de los elementos probatorios debe realizarse durante el debate oral y no en la audiencia de control de acusación.
Vignaroli también cuestionó el desarrollo que tuvo la audiencia. Aseguró que la Fiscalía había advertido durante el trámite que la discusión se estaba desviando del objetivo previsto y sostuvo que los representantes del Ministerio Público llegaron preparados para analizar la admisibilidad de la acusación y de la prueba, pero terminaron frente a un escenario diferente.
“Se desnaturalizó absolutamente todo”, afirmó el fiscal, quien anticipó que ese será uno de los argumentos centrales de la impugnación.
El decreto que originó parte de la discusión
Uno de los puntos centrales de la resolución fue el Decreto 1672/22, mediante el cual se estableció el mecanismo para canalizar los fondos destinados a un programa de capacitación.
Pelosso consideró que la decisión política de crear ese mecanismo correspondía al entonces gobernador Omar Gutiérrez y que esa circunstancia no permitía atribuir de manera automática responsabilidad penal a los ministros que intervinieron posteriormente en su instrumentación.
Vignaroli planteó una interpretación diferente. Según explicó, el proceso se inició en el Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo a través de una nota de Di Luca, en la que se planteaba la creación de un programa destinado a capacitar a integrantes de organizaciones sociales. Luego se elaboró el documento que terminó siendo aprobado mediante el decreto.
El fiscal también vinculó el análisis con la Ley 2141 y con los montos involucrados. Según sostuvo, por tratarse de aportes de determinada magnitud, la decisión requería la intervención del gobernador y el refrendo del ministro correspondiente.
El reproche por los expedientes administrativos
Otro de los cuestionamientos de Vignaroli estuvo relacionado con los expedientes que tramitaron los pagos. El fiscal sostuvo que entre agosto de 2022 y diciembre de 2023 se inició un expediente administrativo por cada mes en el que se realizaron desembolsos y afirmó que esos documentos no fueron analizados por la jueza.
Vignaroli argumentó que la Fiscalía no respondió durante la audiencia en profundidad algunos de los planteos de las defensas porque, para hacerlo, hubiera tenido que adelantar parte de la prueba que pretende presentar en un eventual juicio.
Entre los elementos mencionados se encuentran testimonios de integrantes de la Contaduría General de la Provincia, contadores, funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y otros testigos ofrecidos por la Fiscalía.
“Teníamos que haber hecho el juicio en esta audiencia y no era el objetivo de esta audiencia”, sostuvo.
La Fiscalía apelará ante el Tribunal de Impugnación
La Fiscalía cuenta con 10 días hábiles para presentar la impugnación contra la resolución. Luego deberá realizarse una nueva audiencia en la que se analizarán los planteos de las partes.
Vignaroli adelantó que, si el recurso prospera, solicitarán que se realice nuevamente el control de acusación desde el comienzo. También consideró que la resolución podría ser revisada posteriormente por el Tribunal Superior de Justicia.
El fiscal evitó, además, convertir sus cuestionamientos en una confrontación personal con Pelosso y sostuvo que la estrategia será trabajar sobre los fundamentos jurídicos para intentar revertir el fallo.
Diego Mauro quedó como único acusado con posibilidad de llegar a juicio
La decisión de la jueza dejó a Diego Mauro, referente de la cooperativa Viento Sur, como el único imputado en condiciones de avanzar hacia un juicio por la acusación que continúa vigente.
La causa había llegado a la audiencia con ocho personas imputadas. La hipótesis fiscal sostiene que fondos públicos destinados a programas de capacitación fueron utilizados para otros fines y calcula un perjuicio de $1.208.657.600 a valores históricos.
Pelosso también dispuso sobreseimientos parciales respecto de algunos hechos atribuidos originalmente a Mauro y habilitó para otros imputados la posibilidad de acceder a la suspensión del juicio a prueba.
Ahora, la Fiscalía deberá formalizar su impugnación y esperar una nueva instancia de revisión. Para Vignaroli, el objetivo será revertir una resolución que, según sostuvo, avanzó sobre la valoración de la prueba antes de la etapa correspondiente.
Fuente: Medios
