El Senado de la Nación aprobó en la madrugada de este viernes, por 37 votos a favor y 33 en contra, el proyecto de ley de propiedad privada impulsado por el Gobierno de Javier Milei. La iniciativa fue sancionada tras casi 13 horas de debate y ahora deberá ser analizada por la Cámara de Diputados antes de convertirse en ley.
El proyecto introduce modificaciones en el régimen de desalojos ante casos de usurpación u ocupación ilegal y establece mayores restricciones para las expropiaciones por parte del Estado. Estos cambios generaron críticas de sectores de la oposición y organizaciones sociales, que advierten sobre un posible aumento de los desalojos de familias en situación de vulnerabilidad.
Uno de los principales cambios del proyecto es la modificación del procedimiento para recuperar inmuebles ocupados ilegalmente. Los desalojos pasarían a tramitarse mediante un juicio sumario, un mecanismo más rápido que el procedimiento vigente.
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) cuestionaron la iniciativa y señalaron que podría favorecer un incremento de los desalojos forzosos sin una evaluación de proporcionalidad ni la búsqueda de alternativas habitacionales para las familias afectadas.
Durante el debate, el senador kirchnerista Mariano Recalde también criticó el alcance de la medida y sostuvo que el mecanismo podría aplicarse a inquilinos que adeuden pagos, además de los casos de ocupación ilegal.
Según datos citados por el CELS, el 57% de los hogares inquilinos destinó más de la mitad de sus ingresos al pago del alquiler durante 2025, una proporción que representó un aumento cercano al 20% respecto de 2024.
El proyecto también modifica las condiciones bajo las cuales el Estado puede disponer la expropiación de un inmueble. Para hacerlo, establece una interpretación más restrictiva del concepto de “utilidad pública”, que actualmente permite justificar una expropiación cuando existe una finalidad vinculada al bien común.
Con el nuevo texto, la declaración de utilidad pública deberá identificar de manera específica y concreta el objetivo que se busca alcanzar. Además, deberá demostrar que la expropiación es adecuada para cumplirlo y que no existe una alternativa menos restrictiva para el derecho de propiedad.
La medida también incorpora un criterio de proporcionalidad: el perjuicio ocasionado al propietario deberá guardar relación con el beneficio público que se pretende obtener.
De esta manera, el Estado ya no podría fundamentar una expropiación únicamente en una referencia general al interés público, sino que debería justificar por qué la medida es necesaria, adecuada y equilibrada para alcanzar un objetivo determinado.
Otro de los puntos centrales del proyecto es el mecanismo de compensación para los propietarios cuyos bienes sean expropiados. El texto establece que la indemnización deberá constituir una reparación plena e incluir el lucro cesante. Para determinar el valor del bien se tomará como referencia su valuación anterior al anuncio de la expropiación.
La iniciativa fue impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y llegó al Congreso en marzo. Su tratamiento había sido postergado en cuatro oportunidades debido a la falta de respaldo suficiente para avanzar con la votación.
Durante su recorrido parlamentario, el proyecto tuvo 17 versiones diferentes. El texto original estaba compuesto por seis ejes temáticos y 53 artículos, pero finalmente llegó al Senado reducido a tres ejes y 37 artículos.
Tras la aprobación en la Cámara Alta, el proyecto continuará su recorrido legislativo en Diputados, donde deberá conseguir una mayoría para convertirse finalmente en ley.
Fuente: Medios
