La Justicia de Río Negro investiga el presunto funcionamiento de una red vinculada a delitos de abuso sexual infantil que tendría como escenario un asentamiento popular de Cipolletti. La causa generó conmoción entre vecinos y organizaciones sociales, que reclamaron el esclarecimiento de los hechos y sanciones para los responsables.
La investigación ya tiene dos personas detenidas con prisión preventiva y avanza con pruebas recolectadas durante distintos procedimientos, entre ellas material secuestrado de dispositivos electrónicos que forman parte del expediente.
Desde la organización Mujeres en Lucha y Diversidad expresaron su repudio y pidieron que la Justicia actúe con rapidez para garantizar una respuesta firme ante la gravedad de los hechos denunciados.
Uno de los principales acusados es un hombre de 37 años, de nacionalidad ecuatoriana, señalado por la Fiscalía por una serie de hechos ocurridos entre 2023 y mediados de 2025.
Según la acusación, el hombre habría captado a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, a quienes presuntamente les suministraba sustancias para reducir su capacidad de respuesta y luego cometía abusos sexuales. La investigación sostiene además que habría registrado los ataques mediante dispositivos electrónicos y difundido parte de ese material.
Durante un allanamiento realizado en su domicilio fueron secuestrados un teléfono celular y una computadora, donde los investigadores encontraron imágenes y videos que ahora son analizados por la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (OITEL) del Ministerio Público.
La prueba digital y la identificación de posibles víctimas
El análisis del material secuestrado permitió avanzar en la investigación y determinar la existencia de archivos relacionados con situaciones de abuso sexual infantil. De acuerdo con fuentes del caso, algunos de los menores que aparecen en las imágenes todavía no pudieron ser identificados.
Al acusado se le imputan delitos vinculados al abuso sexual con acceso carnal, producción de material de abuso sexual infantil, tenencia y distribución, además de hechos relacionados con corrupción de menores.
La investigación también alcanzó a otro hombre, quien habría recibido parte del material enviado desde el teléfono del principal acusado.
Uno de los destinatarios no pudo ser localizado, mientras que otro, residente en la región y vinculado a una institución universitaria, fue detenido e imputado por tenencia de material de abuso sexual infantil, delito contemplado por la legislación vigente.
Cómo continúa la causa
En el expediente intervienen la Fiscalía, la Defensa Oficial Penal y la Defensoría de Menores. Tras la incorporación de pruebas y peritajes, las partes comenzaron a evaluar la posibilidad de avanzar hacia un juicio abreviado. En caso de concretarse, luego deberá realizarse el juicio de cesura para determinar la pena correspondiente.
Según trascendió, la condena podría alcanzar hasta 25 años de prisión, dependiendo de la calificación final y las circunstancias que establezca la Justicia.
Pedido de justicia y protección para las víctimas
Desde Mujeres en Lucha y Diversidad reclamaron una investigación exhaustiva y una respuesta judicial acorde a la gravedad de los hechos. La organización sostuvo que se debe avanzar con celeridad, preservar la identidad de las víctimas y evitar cualquier exposición que pueda generar una nueva afectación para los niños y adolescentes involucrados.
También solicitaron que se investigue si existieron responsabilidades u omisiones de adultos encargados del cuidado de las víctimas, siempre respetando las garantías del proceso judicial.
“Las niñas, los niños y adolescentes deben crecer en entornos seguros”, señalaron desde la organización, y remarcaron la importancia de la prevención, la intervención temprana y el acompañamiento a quienes fueron víctimas.
Fuente: Medios.
