El femicidio de Karina Muñoz sigue estremeciendo a San Antonio Oeste un año después del crimen, no solo por la brutalidad con la que fue asesinada, sino también por la crudeza del contexto en el que ocurrió y la lentitud de un proceso judicial que avanza a cuentagotas.
Karina tenía 45 años, era oriunda de Choele Choel, y su cuerpo apareció calcinado a la vera de un camino rural, luego de haber sido estrangulada presuntamente por dos albañiles que compartieron con ella una reunión la noche anterior. Uno de los imputados, Raúl Rojas, es oriundo de Chubut; el otro, Bienvenido Benítez, de nacionalidad paraguaya.
La secuencia del crimen es tan violenta como desoladora: según la investigación, los acusados habrían atacado a Karina, la trasladaron en un carro de bicicleta hasta un descampado y finalmente prendieron fuego su cuerpo para intentar borrar cualquier rastro. A esto se suma un dato inquietante que aportó una vecina que asistió a la reunión: se retiró porque los hombres comenzaron a comportarse de manera “cargosa y pesada”. Karina no tuvo la misma oportunidad.
Pese a la gravedad del caso, la causa todavía no llega a juicio. Ayer, en una audiencia remota, la Justicia decidió extender cuatro meses más la prisión preventiva de los dos imputados. El propio fiscal Juan Pedro Peralta admitió que aún faltan pruebas clave: peritajes genéticos sobre elementos secuestrados y estudios psicológicos solicitados por la defensa. Una demora que, según reconoció, se generó en parte por pedidos de los propios acusados.
Peralta argumentó que los riesgos procesales siguen vigentes. Y no hizo falta profundizar demasiado: la quema del cuerpo para entorpecer la investigación, la gravedad del delito, la presión sobre testigos y la falta de arraigo de los imputados hacen evidente que liberarlos sería un riesgo inasumible. De ser hallados culpables, enfrentan la única pena posible para un crimen de estas características: prisión perpetua.
La defensa no se opuso abiertamente a la continuidad de la preventiva, aunque dejó entrever que podría pedir una revisión más adelante. Por ahora, el juez de garantías Fabio Corvalán confirmó que ambos seguirán detenidos —uno en Viedma y el otro en Cipolletti— mientras se espera que finalmente la causa avance hacia su etapa final.
En San Antonio Oeste, la comunidad todavía exige respuestas. Y en cada audiencia, vuelve la misma pregunta: ¿cuánto más habrá que esperar para que el asesinato de Karina Muñoz llegue a un juicio que le dé, al fin, una respuesta de justicia?
