La expansión de las aplicaciones de transporte como Uber, Cabify y Didi volvió a poner en primer plano un debate que atraviesa al Alto Valle: cómo regular un servicio que crece de manera sostenida, pero que encuentra respuestas muy distintas según el municipio. Lejos de una política regional unificada, cada ciudad avanza con sus propios tiempos y criterios, dando como resultado un mapa fragmentado donde conviven regulaciones, prohibiciones y discusiones aún abiertas.
El uso de estas plataformas no se detuvo en la región y volvió a tensionar la convivencia con el sistema tradicional de taxis y remises. Ante ese escenario, los Concejos Deliberantes se vieron obligados a tomar posición. Algunas localidades avanzaron en reformas normativas para ordenar el servicio y permitir su funcionamiento bajo condiciones específicas, mientras que otras optaron por cerrar el paso a cualquier modalidad que no cuente con habilitación municipal.
Cipolletti: regulación integral y canon millonario
Cipolletti se convirtió en la primera ciudad del Alto Valle de Río Negro en contar con un marco normativo completo para regular el transporte de pasajeros a través de aplicaciones. La ordenanza, ya publicada en el Boletín Oficial, incorporó formalmente a las plataformas digitales al Código de Transporte municipal.
La norma establece la inscripción obligatoria de las empresas (como Uber o Cabify) que deberán acreditar su situación legal, constituir domicilio comercial en la ciudad, obtener habilitación municipal y abonar un canon que puede alcanzar los 10 millones de pesos. También fija requisitos estrictos para titulares de vehículos y conductores, que deben presentar documentación personal y fiscal, certificados de antecedentes provinciales y nacionales, constancias de no figurar en registros de deudores alimentarios ni de violencia familiar o de género, seguros de responsabilidad civil y verificación de que los vehículos no tengan impedimentos legales.
Los conductores, además, deben contar con licencia profesional D1 —con un plazo de gracia de seis meses para tramitarla— y solo pueden prestar servicio a través de la aplicación, sin captar pasajeros en la vía pública. Los vehículos deben estar radicados en Río Negro, tener menos de siete años de antigüedad, calefacción, aire acondicionado y revisiones técnicas semestrales. Una vez habilitados, reciben una oblea con código QR que identifica al titular, al vehículo y a los conductores.
Fernández Oro: alivio al taxi y regulación sin costos
Fernández Oro adoptó una estrategia distinta. El municipio impulsó una reforma del sistema de transporte urbano con el foco puesto en fortalecer al sector del taxi, más que en imponer nuevas cargas a las plataformas digitales. La iniciativa, promovida por el intendente Gustavo Amati, redujo de manera significativa los costos que afrontan los taxistas para garantizar una “competencia real”.
La reforma eliminó tasas municipales, redujo en un 50% el costo de renovación de licencias de conducir y actualizó requisitos operativos básicos como seguros, verificación técnica e identificación de choferes. En paralelo, el municipio trabaja en el desarrollo de una aplicación municipal de taxis, gratuita para conductores y usuarios, con el objetivo de modernizar el servicio.
En cuanto a Uber y otras plataformas, el esquema prevé un registro municipal sin costo, que habilita su funcionamiento bajo reglas claras y dentro del marco legal local, sin incorporar nuevas barreras económicas.
Allen y Roca: prohibición y controles
En Allen, el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que prohíbe de manera formal el transporte de pasajeros mediante aplicaciones sin habilitación municipal. La norma, sancionada en septiembre y ya plenamente vigente, faculta al municipio a ejercer controles y sanciones sobre cualquier vehículo que opere fuera del sistema autorizado.
El régimen sancionatorio contempla el secuestro del vehículo, la retención de la licencia de conducir, multas que parten de 1.000 USAMS y la inhabilitación para manejar por períodos de entre tres y doce meses. Además, se prevén campañas de concientización, una línea telefónica para denuncias y la creación de un registro de vehículos en infracción.
En General Roca, la postura es similar. Desde el municipio se ratificó que las plataformas digitales no están autorizadas y se advirtió sobre los riesgos para los usuarios ante la falta de controles de seguridad. La Dirección de Tránsito y Transporte mantiene operativos para retirar de circulación a vehículos no habilitados, mientras que desde el Concejo Deliberante se insiste en que la ordenanza vigente exige registro y licencia municipal para prestar el servicio.
Regina: debate abierto y sin definición
En Villa Regina, la discusión sigue en el ámbito legislativo. A fines de agosto, concejales del PRO presentaron un proyecto para regular plataformas como Uber, Cabify y Didi, con un esquema más detallado que el de otras ciudades. La iniciativa propone crear un Registro Municipal de Plataformas de Transporte, exigir domicilio legal en la ciudad, documentación fiscal y seguros de responsabilidad civil.
Para los conductores, el proyecto prevé licencia profesional, certificado de antecedentes penales y seguros específicos. Además, incorpora la creación de un Fondo Municipal de Movilidad, financiado con un aporte del 1% del valor de cada viaje, destinado a obras viales y mejoras del transporte público. Sin embargo, la propuesta aún no fue tratada en el recinto, por lo que la ciudad continúa sin una definición concreta.
Mientras las aplicaciones siguen sumando usuarios en el Alto Valle, la falta de una estrategia regional común profundiza las diferencias entre municipios. El resultado es un corredor donde el mismo servicio puede estar plenamente habilitado, regulado de manera flexible o directamente prohibido, según el lugar donde se lo utilice.
Fuente: Medios
