Los acuerdos fueron presentados por el fiscal Juan Narváez, junto a la asistente letrada Agustina Jara y el asistente letrado Facundo Bernat, y posteriormente homologados por el juez de garantías Luciano Hermosilla.
Uno de los acusados, identificado como D.E., recibió tres años de prisión condicional por diez hechos de estafa. F.G.E. fue condenado a la misma pena por ocho casos, mientras que G.E.E. recibió dos años y seis meses de prisión condicional por seis hechos.
Además, una cuarta persona, R.M.E., accedió a una suspensión de juicio a prueba por el plazo de dos años, lo que implica que no tendrá antecedentes penales si cumple con las condiciones impuestas por la Justicia.
Millones recuperados y bienes a subasta
Como parte del acuerdo judicial, se ordenó el decomiso de más de 33 millones de pesos secuestrados durante la investigación. También se dispuso la subasta de una camioneta Toyota Hilux utilizada en una de las maniobras delictivas.
El dinero obtenido por la venta del vehículo se sumará a los fondos incautados y, tras una pericia contable, será distribuido entre las víctimas de manera proporcional al perjuicio económico sufrido.
Desde la fiscalía se indicó que los bienes recuperados no alcanzan a cubrir la totalidad de las pérdidas, aunque permitirán avanzar en una reparación parcial. Todas las víctimas fueron notificadas y prestaron conformidad con el acuerdo.
El mecanismo de la estafa
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal, los acusados publicaban vehículos en redes sociales y plataformas digitales utilizando identidades falsas o perfiles ajenos.
Una vez concretado el contacto con los compradores, los citaban en Neuquén para mostrar los vehículos y generar confianza mediante documentación apócrifa o engañosa. Tras recibir el dinero, las operaciones nunca se concretaban.
Los imputados alegaban problemas administrativos con la AFIP o el Registro del Automotor para justificar demoras, hasta que finalmente cortaban toda comunicación con las víctimas.
Condiciones impuestas
Los condenados deberán fijar domicilio, informar cualquier cambio de residencia y presentarse cada tres meses ante la Dirección de Personas Judicializadas. También tendrán prohibido cometer nuevos delitos y deberán abstenerse del consumo abusivo de alcohol y drogas.
Estas condiciones regirán entre dos años y dos años y seis meses, según cada caso. En caso de incumplimiento, podrían perder el beneficio de la condena condicional y cumplir la pena en prisión.
En el caso de R.M.E., la Justicia estableció además la obligación de realizar una donación mensual de 50.000 pesos durante dos años a la cooperadora del Hospital Castro Rendón, por un total de 1,2 millones de pesos.
A pedido de la defensa, se dispuso la reserva de identidad de los condenados en las comunicaciones oficiales del Poder Judicial, aunque la resolución no impide la difusión periodística del caso.
Fuente: Medios
