En un acto atravesado por la memoria y un reclamo que lleva décadas, familiares de trabajadores de prensa y dirigentes gremiales formalizaron una demanda civil para recuperar los 23 departamentos de la histórica Torre del Periodista que fueron apropiados por las Fuerzas Armadas durante la última dictadura cívico-militar.
La presentación se realizó este miércoles por la mañana en el café de la Biblioteca Alberdi, en un encuentro que reunió a damnificados, herederos y referentes del ámbito periodístico, sindical y político. La acción judicial fue presentada ante la justicia federal contra el Estado Nacional y la Provincia con el objetivo de restituir el patrimonio que pertenecía a trabajadores de prensa y que fue usurpado en 1976.
Del encuentro participaron Víctor Hugo Reynoso, Dante Morosani, Ruli Aranda, el abogado patrocinante Mariano Mansilla, el concejal Daniel Figueroa —quien realizó la tasación de los departamentos— y el secretario gremial del Sindicato de Prensa, Oscar Livera. También estuvieron presentes familiares de los damnificados originales, muchos de los cuales fallecieron después de décadas de reclamos, por lo que actualmente la demanda es impulsada por sus herederos. Entre los asistentes también se encontraban Priscila Otton, Pablo Inda y Sergio Mayorga.
Durante el acto, Morosani recordó el largo camino recorrido para llegar a esta instancia judicial y destacó que el reclamo se sostiene desde hace medio siglo. “Hoy iniciamos el tramo final de nuestra larga y extenuante lucha, que ya lleva 50 años. Buscamos recuperar el cuantioso patrimonio que nos usurpó y arrebató el régimen cívico-militar”, expresó.
El dirigente también señaló que la justicia federal ya determinó que la apropiación de los departamentos forma parte de los delitos cometidos durante el terrorismo de Estado. En ese marco, indicó que dos militares se encuentran actualmente acusados en una causa penal vinculada con estos hechos.
El abogado patrocinante de la demanda, Mariano Mansilla, explicó que la acción civil busca reparar el daño provocado por la apropiación de los inmuebles y recuperar un patrimonio que pertenecía a trabajadores de prensa. “Los que están acusados de delitos de lesa humanidad conservan los departamentos. Esa paradoja nos alcanza para reclamar por el daño sufrido en estos 50 años”, sostuvo.
Mansilla recordó que en los primeros años de la democracia las investigaciones judiciales se concentraron principalmente en los crímenes contra las personas —desapariciones, torturas y asesinatos— debido a la magnitud de los delitos cometidos durante la dictadura. Por ese motivo, explicó que no resulta extraño que el reclamo por la restitución de bienes haya tardado tanto tiempo en llegar a la justicia.
Sin embargo, advirtió que muchas de las fortunas existentes en la actualidad tienen su origen en bienes apropiados durante ese período.
La demanda presentada ante la justicia federal no solo busca recuperar los 23 departamentos de la Torre del Periodista, sino también establecer un precedente en materia de derechos humanos y restitución patrimonial.
La causa penal ya dio un paso relevante al considerar que la apropiación de los inmuebles formó parte del plan sistemático de represión desplegado por el régimen militar. Ese reconocimiento judicial habilita ahora el avance de una demanda civil basada en la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad.
Para quienes impulsan el reclamo, la restitución de los departamentos representaría no solo una reparación económica, sino también un reconocimiento histórico a las víctimas y a sus familias.
“Es una espina en la capital de los derechos humanos”, expresó Mansilla al referirse a la contradicción que implica que en una ciudad emblemática por su lucha por la memoria todavía existan propiedades apropiadas durante la dictadura que no fueron devueltas a sus legítimos dueños.
Con la presentación formal de la demanda, el caso quedó ahora en manos de la justicia federal, que deberá analizar el reclamo y determinar si corresponde la restitución de los inmuebles o una eventual reparación.
Para las familias que impulsan la causa, se trata de un paso clave después de décadas de reclamos, investigaciones y gestiones para que el caso sea reconocido judicialmente. La resolución que adopte la justicia no solo impactará en los herederos de los trabajadores de prensa afectados, sino que también podría abrir la puerta a otros reclamos vinculados con bienes apropiados durante la última dictadura.
Fuente: Medios
