El Gobierno de Neuquén sumó cuatro nuevas bajas de agentes estatales en el marco de la política de “tolerancia cero” impulsada por el gobernador Rolando Figueroa. Las medidas, que se conocieron este jueves 29 de octubre, se agregan a los tres despidos por irregularidades laborales que se habían concretado el lunes, en una semana marcada por sanciones administrativas de distinta gravedad.
Los nuevos casos involucran a una exempleada del Registro Civil acusada de cobrar aranceles por fuera de los canales oficiales y alterar documentación pública, una agente que viajó a Chile mientras estaba de licencia médica, un policía condenado por robarle a un compañero y un auxiliar de servicio de una escuela de la capital provincial condenado por abuso sexual agravado.
Una exagente del Registro Civil se quedó con dinero
La sanción más severa fue la exoneración de Mabel Carlina Rastellini, quien se desempeñaba como agente de planta permanente de la Subsecretaría de Gobierno y Justicia, dependiente del Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos.
El sumario administrativo le atribuyó irregularidades en el ejercicio de sus funciones como oficial público de la Dirección Provincial de Registros Civiles. Entre ellas, la adulteración de documentación, el cobro de sumas indebidas y la omisión de documentación correspondiente a trámites oficiales.
Según consta en el expediente, Rastellini celebró un matrimonio fuera de la oficina registral sin seguir el procedimiento establecido. No generó la boleta correspondiente a través del sistema oficial, recibió dinero mediante una cuenta personal de Mercado Pago y no rindió los aranceles que debían ingresar a las arcas provinciales.
La investigación también detectó inconsistencias en la declaración jurada previa, incumplimientos de los requisitos para matrimonios celebrados fuera de la sede registral y alteraciones en la documentación.
Durante el procedimiento, la agente reconoció haber recibido dinero por fuera de los canales oficiales, aunque sostuvo que el monto correspondía al traslado hasta el lugar de la ceremonia. También admitió haber entregado una libreta del Registro Civil y reconoció irregularidades en la confección de un acta matrimonial.
En paralelo al sumario administrativo, se tramitó una causa penal en la que, de acuerdo con la documentación oficial, habría reconocido su responsabilidad por los delitos de exacciones ilegales agravadas y falsedad ideológica agravada. El acuerdo contempló una pena de dos años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de 450.000 pesos.
Viajó a Chile durante una licencia médica
La segunda cesantía recayó sobre Karina Stefanie Jaña Reyes, quien pertenecía a la planta permanente de la Dirección Provincial del Registro Civil y Capacidad de las Personas.
El sumario se inició por haberse ausentado de la provincia y del país con destino a Chile durante períodos en los que tenía licencia médica por largo tratamiento, sin contar con la autorización administrativa correspondiente.
La investigación dio por acreditados viajes realizados el 18 de noviembre y el 30 de diciembre de 2023, y el 20 de febrero de 2024. Los informes incorporados al expediente, entre ellos los de la Dirección de Delegaciones de Neuquén y de Migraciones, registraron sus cruces por los pasos fronterizos de Pino Hachado, Icalma y Pichachén.
A partir de esos antecedentes, las autoridades resolvieron su cesantía por la utilización irregular de la licencia.
Un policía fue condenado por robarle a un compañero
El tercer caso corresponde al ex cabo de la Policía Francisco Andrés Pertusatti, quien fue cesanteado tras determinarse su responsabilidad en la sustracción de elementos del vehículo particular de otro integrante de la fuerza.
De acuerdo con el expediente, el hecho ocurrió el 2 de mayo de 2025. Un oficial ayudante denunció que, después de cumplir su jornada laboral, advirtió que le habían sustraído una funda cubrevolante y un emblema de marca del interior de su automóvil, estacionado en el patio interno de la Comisaría 16 del barrio San Lorenzo.
Las actuaciones administrativas establecieron que los elementos estaban ocultos en el vehículo particular de Pertusatti, lo que derivó en su demora y en la notificación de la imputación.
La causa judicial concluyó con una condena por hurto agravado, con una pena de prisión de ejecución condicional. A partir de los hechos y de las faltas contempladas en la normativa disciplinaria policial, se dispuso su cesantía.
La baja de un auxiliar condenado por abuso sexual
La cuarta medida alcanzó a Orlando Basilio Marillán, quien trabajaba como auxiliar de servicio en la Escuela Primaria 356 de Neuquén capital.
El Ejecutivo provincial convalidó una resolución del Consejo Provincial de Educación (CPE) del 20 de agosto de 2026 y dispuso su baja de la administración pública. La medida rige desde el 22 de abril de ese año, fecha en la que quedó firme la sentencia condenatoria en una causa por abuso sexual agravado por la edad de la víctima y por el vínculo de convivencia.
Según la documentación oficial, la Justicia le impuso una pena de 11 años de prisión efectiva.
El expediente administrativo sostuvo que la condena configuró la pérdida del derecho a la estabilidad laboral, de acuerdo con las disposiciones del Convenio Colectivo de Trabajo y del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de Neuquén.
La resolución señaló que, por la naturaleza de los hechos y la condena firme, Marillán no reunía las condiciones de conducta exigidas para continuar en el cargo.
Las cuatro medidas se incorporan a la política de sanciones que el Gobierno provincial aplica sobre agentes estatales ante faltas administrativas graves y condenas penales, en el marco de la línea de “tolerancia cero” anunciada por Figueroa.
Fuente: Medios
