La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete de la Nación, sumó nuevas medidas en las últimas horas. Por orden del juez federal Sebastián Casanello y a pedido del fiscal Guillermo Marijuan, efectivos policiales realizaron un operativo en el Ministerio de Defensa para retirar documentación vinculada a sus cargos y haberes dentro del Estado.
La medida busca determinar si los ingresos percibidos por el actual diputado bonaerense de La Libertad Avanza justifican el incremento patrimonial denunciado, que según la acusación habría sido del 84% en apenas un año.
Los investigadores secuestraron legajos personales, resoluciones de nombramiento, registros salariales y documentación relacionada con las declaraciones juradas patrimoniales del funcionario. La pesquisa se centra en reconstruir de manera cronológica su evolución económica desde la llegada del gobierno de Javier Milei.
Entre los puntos clave bajo análisis figuran su desembarco en diciembre de 2023 como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa, su posterior designación al frente del Instituto de Ayuda Financiera para retiros y pensiones militares y, finalmente, su llegada a la Legislatura bonaerense.
La causa se inició tras una denuncia impulsada por la diputada Marcela Pagano y se reforzó luego del levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni, autorizado por la Justicia.
Además, el fiscal Marijuan solicitó informes a distintos organismos nacionales y provinciales para rastrear movimientos financieros, viajes al exterior, propiedades, vehículos y posibles deudas. Entre ellos figuran la Dirección Nacional de Migraciones, ARCA —ex AFIP—, ARBA y AGIP.
El expediente de Francisco Adorni continuará ahora bajo la órbita del juez Daniel Rafecas, mientras que la investigación sobre Manuel Adorni tramita por separado en el juzgado de Ariel Lijo y la fiscalía de Gerardo Pollicita.
Fuente: Medios
