La jueza de Faltas Estefanía Rivero reiteró la medida contra una vivienda levantada en zona protegida. Los dueños apelaron nuevamente y el conflicto sigue en tribunales.
Por segunda vez, la justicia municipal de Roca ordenó la demolición de la vivienda levantada dentro del área natural protegida Paso Córdoba, considerada “ilegal” por el municipio. La disposición, firmada en agosto por la jueza de Faltas Estefanía Rivero, reaviva un conflicto que se extiende desde mediados de 2024 y que enfrenta a la comuna con los propietarios del inmueble.
La construcción, visible apenas se cruza el puente de Paso Córdoba, fue objeto de la primera orden de demolición en julio del año pasado, cuando la intendenta María Emilia Soria dispuso la medida y aplicó una multa superior a los 12 millones de pesos por violar una ordenanza vigente desde 1997. Los dueños apelaron en aquel momento, argumentando que el proyecto formaba parte de una iniciativa turística, y la causa ingresó en un camino de idas y vueltas judiciales.
El derrotero judicial
El caso llegó al Juzgado Contencioso Administrativo N°15, donde el juez Matías Lafuente rechazó un amparo presentado por los propietarios, pero exigió al municipio que fundamente con pruebas la necesidad de demoler la vivienda. En paralelo, la comuna aplicó astreintes (multas diarias) para presionar el cumplimiento de la medida, aunque sin éxito.
Pese a estas instancias, las demoras y resistencias de los dueños mantuvieron la construcción en pie. Ahora, el nuevo fallo de la jueza Rivero sostiene que “los antecedentes comprobables del caso muestran el incumplimiento de hacer efectiva la demolición y remediación del inmueble”, y ordena ejecutar la medida sin más dilaciones.
Multas y resistencia de los propietarios
La magistrada señaló que hasta el momento “todos los remedios compulsivos han devenido en abstracto”, ya que no lograron torcer la negativa de los dueños a acatar la orden. Por eso dispuso que se notifique a la Secretaría de Obras Públicas y a la Dirección de Arquitectura municipal para avanzar con los trabajos necesarios que permitan llevar adelante la demolición.
Si bien la resolución establece la posibilidad de apelar, los propietarios ya hicieron uso de ese recurso, lo que anticipa que el litigio continuará en los tribunales. Mientras tanto, la casa sigue en pie dentro de una zona que, según las normas vigentes, debería mantenerse bajo estricta protección ambiental.
Fuente: Medios.
