El Ministerio de Hacienda de Río Negro trabaja contra reloj en la elaboración del Presupuesto 2026, que deberá presentarse en la Legislatura antes del 30 de noviembre. El proyecto, bajo la conducción de Gabriel Sánchez y con la supervisión final del gobernador Alberto Weretilneck, avanza en medio de fuertes restricciones financieras y con pedidos de recursos de todos los organismos provinciales.
El equipo económico definió un esquema de límites para cada ministerio: las erogaciones no podrán superar lo ejecutado en 2025 más un incremento del 10,1%, la inflación estimada por Nación para el año próximo. Este mecanismo deja en desventaja a las áreas con subejecución, ya que su baja ejecución durante este año reducirá automáticamente sus partidas para el siguiente. Solo una decisión política del gobernador podría revertir ese escenario.
Las previsiones salariales se calculan por separado, aunque desde Hacienda estiman que el gasto en personal alcanzará los 1,7 billones de pesos, un aumento del 27,5% respecto de lo presupuestado. En paralelo, se proyecta un crecimiento general de partidas cercano al 14%, apenas por encima de la inflación esperada.
El panorama financiero provincial muestra una estructura rígida: tres conceptos concentran más del 80% de los recursos, sueldos, transferencias a municipios y deudas, lo que deja escaso margen para nuevas políticas públicas o inversiones.
Entre enero y septiembre, Río Negro desembolsó 1,66 billones de pesos. De ese total, 214 mil millones se destinaron a coparticipación municipal y 161 mil millones a cancelación de deudas, principalmente del bono Castello. Excluidos esos rubros, la provincia dispuso de 1,28 billones, de los cuales 1,01 billones correspondieron a salarios: un 78,5% del total.
El resto, apenas el 21,5%, se reparte entre obras, servicios, compras y transferencias. Las diferencias en los niveles de ejecución entre ministerios son notorias: mientras algunos comprometieron más del 90% de sus partidas, otros no alcanzaron la mitad.
La falta de recursos líquidos, los topes impuestos y la rigidez de los compromisos financieros anticipan un Presupuesto 2026 de baja flexibilidad y escaso margen político para atender nuevas demandas.
