Un proyecto de ley del bloque PRO–Unión Republicana ingresó a la Legislatura de Río Negro con el objetivo de establecer un régimen integral de prevención e intervención ante el acoso escolar y el ciberacoso en todos los establecimientos educativos de la provincia, tanto públicos como privados. La iniciativa, impulsada por los legisladores María Laura Frei y Juan Martín, apunta a reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes y sentar nuevas pautas de corresponsabilidad familiar.
Los fundamentos del proyecto remarcan la urgencia de una respuesta institucional, citando datos recientes de la evaluación Aprender 2024: el 32,6% de los estudiantes rionegrinos admitió haber sufrido agresiones físicas o verbales durante 2024, cifra superior al 29,3% registrado en 2022. El ciberacoso también crece: un 23,1% dijo haber sido víctima de ataques o expresiones hostiles en redes sociales.
Los autores advierten que el acoso escolar dejó de ser un “conflicto entre pares” para transformarse en una vulneración de derechos humanos fundamentales. Y destacan el impacto del cierre prolongado de escuelas durante 2020 y 2021, que afectó las habilidades socioemocionales y la regulación del conflicto en la presencialidad.
Consejo de Convivencia y protocolos obligatorios
El proyecto propone que la política pública provincial pase de la etapa de “recuperación de vínculos” a la de “intervención en habilidades socioemocionales específicas”. Para ello, plantea crear el Consejo Provincial de Convivencia y Prevención del Acoso Escolar, un órgano consultivo para diseñar lineamientos y evaluar resultados.
Cada institución educativa deberá, además, designar un referente de convivencia y aplicar protocolos con mecanismos de denuncia confidenciales, comunicación inmediata con las familias, intervención interdisciplinaria y acciones restaurativas. El incumplimiento injustificado será considerado falta institucional.
Responsabilidad parental y sanciones educativas
Uno de los puntos más fuertes del proyecto es la incorporación de la responsabilidad parental frente a casos de acoso. Padres, madres o tutores de menores autores de agresiones podrán ser sancionados cuando exista omisión deliberada o negligente luego de haber sido notificados por la escuela.
Las sanciones de carácter educativo y restaurativo incluyen multas equivalentes a entre 25 y 50 sesiones de psicoterapia individual, trabajos comunitarios de hasta 30 días y la obligación de realizar talleres de parentalidad o terapias familiares en situaciones graves o reiteradas.
Estas figuras se incorporarán al Código Contravencional, en línea con legislaciones recientes de provincias como Mendoza y Catamarca.
Evitar la judicialización
El proyecto busca que los conflictos se resuelvan dentro del sistema educativo, evitando que casos que deberían abordarse con herramientas pedagógicas terminen en los Juzgados de Paz, donde ya se han dictado restricciones de contacto o tratamientos obligatorios por falta de protocolos adecuados en las escuelas.
La iniciativa abre un debate sobre los límites de la intervención estatal, el rol de las familias y la necesidad de nuevas herramientas para enfrentar un fenómeno en crecimiento que atraviesa a todo el sistema educativo.
