Con las sesiones extraordinarias cada vez más cerca, el Gobierno ajusta su estrategia para lograr la aprobación del temario enviado al Congreso, con la reforma laboral como eje central. En ese marco, integrantes de la mesa política de Javier Milei reconocen que están dispuestos a introducir cambios en el proyecto original, aunque descartan ceder en el capítulo vinculado al Impuesto a las Ganancias.
Desde la Casa Rosada aseguran contar con los votos necesarios para aprobar la mayor parte del articulado en ambas cámaras. Sin embargo, admiten que la reducción del Impuesto a las Ganancias para sociedades, que impacta directamente en la recaudación provincial, es el principal punto de conflicto con los gobernadores y el que más dificulta el avance del proyecto.
En el oficialismo señalan que el diálogo con las provincias es constante, pero complejo. Una fuente libertaria sostuvo que las negociaciones están a cargo de Diego Santilli, aunque reconoció que el escenario es adverso. Según esa mirada, los gobernadores priorizan la defensa de los recursos estatales por sobre una baja impositiva que beneficie al sector privado.
Las conversaciones con aliados y bloques dialoguistas se repiten semana a semana, con el objetivo de encontrar alternativas que permitan aprobar la reforma sin alterar el esquema tributario diseñado por el ministro de Economía, Luis Caputo. Aun así, dentro del Gobierno reconocen que, si no se alcanza un acuerdo con las provincias, parte del proyecto podría quedar fuera del debate parlamentario.
La postura oficial frente a los mandatarios provinciales es crítica. En el entorno presidencial consideran que las provincias no colaboran con la reducción del gasto público y condicionan su apoyo a concesiones políticas. Esa resistencia llevó a la mesa política a evaluar cambios puntuales en la reforma laboral, aunque aclaran que no se tocarán los ejes centrales del proyecto y que cualquier modificación sería menor.
Las diferencias internas también atraviesan al propio oficialismo. Mientras algunos sectores se muestran dispuestos a ceder para asegurar la sanción de la ley, otros rechazan cualquier concesión frente a la presión de los gobernadores.
Además, persiste el debate sobre el futuro de otros temas sensibles como discapacidad, universidades públicas, coparticipación federal, subsidios energéticos y financiamiento del Poder Judicial, incluidos originalmente en el capítulo XI del Presupuesto 2026, que quedó fuera de la sanción.
El ala más dura que rodea al Presidente impulsa insistir con esos puntos, mientras que el sector moderado advierte que no hay consenso suficiente y recomienda evitar discusiones que solo generen desgaste político.
Con este escenario abierto, el Gobierno buscará reforzar alianzas en los días previos al inicio de las sesiones extraordinarias. Allí quedará en evidencia si logró reunir el apoyo necesario para avanzar con la agenda legislativa impulsada por Javier Milei.
Fuente: Medios
