De esta manera, el próximo 2 de noviembre se conocerá la sentencia por los hechos cometidos contra dos adolescentes en junio de 2024 en el playón deportivo del barrio Alta Barda.
Durante la cesura de pena, el fiscal del caso, Gastón Britos Rubiolo requirió penas de prisión efectiva e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena para ejercer funciones policiales, junto con el pago de las costas procesales. Concretamente, solicitó para JLE 4 años y 10 meses de prisión efectiva, mientras que para MOE 4 años y 8 meses de efectiva; para AMM 4 años y 4 meses de prisión efectiva, y para BSB: 4 años y 2 meses de efectiva.
Para fundamentar la necesidad de una pena de cumplimiento efectivo, el fiscal remarcó la gravedad del hecho cometido por estos agentes estatales que debían prevenir delitos. Señaló que actuaron de manera dolosa con medios del Estado, fuera de su jurisdicción autorizada y utilizando cuatro armas reglamentarias 9 mm para amedrentar a dos jóvenes indefensos.
Asimismo, ponderó las lesiones físicas producidas a las víctimas —incluida una herida provocada por el rebote de perdigones de una itaca—, las secuelas psicológicas acreditadas mediante Cámara Gesell y la falta de arrepentimiento de los imputados, quienes intentaron entorpecer la investigación mediante un “pacto de silencio” e intentos de eliminar evidencia en la sede del SIARME.
Por su parte, la defensa técnica de los imputados rechazó la solicitud del Ministerio Público Fiscal y requirió la imposición del mínimo legal previsto para estos delitos, solicitando que las condenas sean de ejecución condicional.
Entre los argumentos expuestos, el defensor Juan Pablo Chirinos solicitó una pena de 2 años de prisión en suspenso e inhabilitación, argumentando que no existen elementos para justificar el encierro efectivo y destacando la situación familiar y los roles de cuidado de su asistido. Propuso como pauta de conducta la realización de cursos en derechos humanos y violencia institucional.
A su turno, la defensora Flavia Rojas sostuvo que la pretensión fiscal no pondera la historia personal de su asistida ni los testimonios que la definen como una persona pacífica. “Hoy pudimos escuchar a la psicóloga que refirió que la señora es una mujer vulnerable, que no es peligrosa para terceros, es tranquila, rasgos de personalidad que hablan de una mujer que no podría haberse opuesto contra quien tenía el arma durante estos hechos”, dijo Rojas.
Finalmente, la defensa ejercida por el abogado Federico Diorio como también el defensor Oscar Pineda adhirieron al pedido del mínimo legal con pautas de conducta y presentaciones trimestrales.
Finalmente, el Tribunal interviniente -conformado por Oscar Gatti, Emilio Stadler y Verónica Rodriguez – fijó la audiencia para la lectura de la sentencia sobre la pena para el próximo lunes 2 de noviembre a las 12:00 horas en la sede de los Tribunales de la ciudad de General Roca.
Fuente: Ministerio Público Fiscal de Río Negro.
