El Poder Judicial de Río Negro remitió al Ejecutivo y a la Legislatura su proyecto de Presupuesto 2026, estructurado sobre tres ejes: funcionamiento institucional, modernización tecnológica y un plan de infraestructura para consolidar sedes propias en toda la provincia. Con la presentación formal, se inicia ahora la etapa de análisis por parte de los otros poderes del Estado, que deberán revisarlo y evaluar su aprobación o corrección.
Según la Acordada, el proyecto de presupuesto general del Poder Judicial para ejercicio 2026 asciende a $270.900.815.000. La propuesta contempla un incremento del 28% respecto del año anterior, cuando la suba que se propuso alcanzaba el 90% con aproximadamente $211.799 millones.
De acuerdo con el cálculo oficial, la mayor parte del presupuesto 2026 corresponde a gastos en personal con un monto de $232.389.687.000 y que históricamente concentra la porción principal del financiamiento del servicio de justicia.
Mientras que, en gastos de funcionamiento se proyectan $34.474.698.000. Según la Acordada, esta partida se financiará con recursos de rentas generales y tiene como objetivo atender consumos básicos, mantenimiento, servicios y procesos de modernización. A esto se suman $4.036.430.000 de funcionamiento financiado con recursos propios, provenientes de tasas y servicios judiciales.
El presupuesto también prioriza la inversión en tecnología, con digitalización, modernización de sistemas y fortalecimiento de plataformas como Puma y Janus, además de la formación continua en la Escuela de Capacitación Judicial y el financiamiento de la Oficina de Derechos Humanos y Género, orientada a ampliar el acceso a la justicia y reforzar programas específicos.
Además, el STJ adelantó en uno de sus artículos que no avanzará en nuevas designaciones de personal ni en la puesta en marcha de organismos creados por ley sin contar previamente con asignación presupuestaria específica.
Cómo se repartiría el presupuesto 2026 por programas
El plan financiero para el próximo año vuelve a organizarse en cuatro programas: Jurisdiccional, Ministerios Públicos, Consejo de la Magistratura y Organismos Auxiliares.
El más voluminoso es el programa Jurisdiccional, que reúne la actividad central de juzgados, cámaras y tribunales. Para 2026, este programa recibirá $121.718.483.000, de los cuales $95.085.638.000 se destinarán a personal y $26.632.845.000 a gastos de funcionamiento entre rentas generales y recursos propios.
En segundo lugar, se ubica el programa Ministerio Público, integrado por la Procuración General y los organismos de acusación y defensa. Allí el presupuesto proyectado asciende a $90.698.201.000. De ese total, $83.065.928.000 corresponden a gastos de personal, mientras que los gastos operativos suman $7.632.273.000, financiados en su mayoría con rentas generales.
Mientras que el programa Consejo de la Magistratura representa una porción significativamente menor del presupuesto, ya que para 2026 se prevé un total de $884.092.000. Del monto asignado, $765.582.000 se utilizarán para cubrir partidas de personal y otros $118.510.000 para funcionamiento. Esta área, es fundamental en los procesos de selección y evaluación de magistrados, y también depende de rentas generales.
En cuarto lugar, se ubica el programa Organismos Auxiliares que concentra áreas de apoyo esenciales para el sistema judicial, como la Dirección de Sistemas, Arquitectura Judicial, Documentación, Derechos Humanos y otras dependencias técnicas. Este programa recibirá $57.600.039.000, donde $53.472.539.000 se aplicarán a gastos en personal y $4.127.500.000 al funcionamiento operativo.
Obras previstas para 2026: un capítulo fuerte del presupuesto del Poder Judicial
En el proyecto presupuestario el Poder Judicial detalla un plan amplio que busca «dotar a este Poder Judicial de autonomía plena sobre sus emplazamientos edilicios, evitando la dispersión de organismos y el gasto locativo, como así también de la conservación de edificios que integran el patrimonio», según se detalla en el documento.
Según la Acordada del STJ, para 2026 se proyecta continuar con obras estructurales como la Ciudad Judicial de Cipolletti y la construcción de complejos judiciales de El Bolsón, Choele Choel y San Antonio Oeste. También se prevén mejoras en el edificio del Consejo de la Magistratura y la readecuación del inmueble ubicado entre España y Urquiza en Cipolletti, el Juzgado de Paz de Sierra Colorada y Pilcaniyeu e inmuebles de Bariloche
El texto incorpora además construcciones de inmuebles en Cinco Saltos y Allen como también Juzgados de Paz en Huergo, Valcheta, General Conesa y Dina Huapi. En Regina se avanzará con el mantenimiento y repintado exterior de la Ciudad Judicial mientras que en General Roca se modernizará la morgue judicial y la Cimarc.
Otros puntos destacados del plan incluyen el Depósito General en Viedma y la instalación de generación fotovoltaica en distintos organismos. También se ejecutarán obras menores en edificaciones propias, destinadas al mantenimiento y conservación de estructuras existentes. Toda esta planificación surge del detalle oficial inserto en la Acordada del STJ.
Fuente Medios
