El fiscal a cargo de la Fiscalía Federal N°1 de San Isidro, Federico Iuspa, pidió la elevación a juicio parcial de la investigación contra siete personas acusadas de integrar una asociación ilícita dedicada a extorsionar a hombres contactados mediante aplicaciones de citas. Además, solicitó que dos de los presuntos líderes también sean juzgados por la instigación al suicidio de un soldado ocurrido en la Quinta Presidencial de Olivos.
Según el requerimiento presentado ante la jueza federal N°1 de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, la organización habría operado entre el 14 de diciembre de 2025 y el 9 de febrero de este año, con al menos tres hechos de extorsión ya acreditados en esta etapa de la causa, mientras continúan otras líneas de investigación.
De acuerdo con la acusación, dos de los imputados habrían encabezado la estructura desde la Unidad N°36 de Magdalena del Servicio Penitenciario Bonaerense, mientras que otro de los integrantes fue trasladado luego a la Unidad N°26 de Lisandro Olmos. El resto de la banda estaba conformada por sus parejas y colaboradoras externas, quienes habrían facilitado cuentas virtuales y chips telefónicos para concretar las maniobras.
Para la fiscalía, las mujeres cumplían un rol logístico clave, ya que aportaban billeteras virtuales propias o de familiares para recibir el dinero obtenido mediante las extorsiones, además de colaborar en la operatoria telefónica utilizada para contactar a las víctimas.
En base a las pruebas reunidas, el fiscal pidió que los dos principales acusados sean juzgados por asociación ilícita agravada en calidad de jefes, tres hechos de extorsión y la instigación al suicidio del soldado Rodrigo Gómez, figura prevista en el artículo 83 del Código Penal, con penas de entre uno y cuatro años de prisión.
Respecto del resto de los imputados, el requerimiento solicita que sean llevados a juicio como miembros de la asociación ilícita agravada y coautores de los hechos de extorsión.
La investigación se inició tras el hallazgo del cuerpo sin vida del soldado de 21 años en una garita de la residencia presidencial de Olivos, donde cumplía funciones de custodia. A partir de la pesquisa, se logró reconstruir el accionar del grupo, que utilizaba perfiles falsos en apps de citas para contactar víctimas y luego trasladar la conversación a WhatsApp.
El mecanismo incluía una primera extorsión mediante audios en los que una persona se hacía pasar por la madre de la supuesta joven y advertía sobre una denuncia penal, seguida por la intervención de otro supuesto agente policial que exigía transferencias de dinero para “resolver la situación”.
En la causa se identificaron al menos tres hechos concretos de extorsión, entre ellos el que involucró al soldado Gómez, quien habría transferido más de $1,4 millones. Las otras víctimas también realizaron transferencias por montos menores bajo el mismo modus operandi, según consta en el expediente.
Fuente: Medios
