La política de tolerancia cero impulsada por el gobernador Rolando Figueroa para ordenar la administración pública neuquina sumó nuevas sanciones. En las últimas horas, el Ejecutivo provincial resolvió la cesantía y exoneración de dos agentes estatales, en el marco de sumarios administrativos que confirmaron faltas graves al régimen disciplinario.
Uno de los casos corresponde a una trabajadora del Ente Provincial de Termas del Neuquén (E.Pro.Te.N.), que fue despedida por abandono de trabajo. Se trata de Micaela Ayelén Canio, empleada de planta permanente anualizada, a quien se le inició un sumario el 5 de diciembre de 2023. Tras la investigación, los auditores constataron inasistencias injustificadas entre el 14 y el 21 de noviembre de ese año, además de antecedentes disciplinarios previos.
En el expediente se dejó constancia de que el área de Recursos Humanos realizó reiterados intentos para que la agente retomara sus funciones, sin obtener respuesta. La resolución concluyó que la conducta evidenció una “falta total de interés y responsabilidad” hacia el cargo. Además del despido, se dispuso avanzar en los mecanismos administrativos para exigir la devolución de los salarios percibidos durante el período en el que no prestó servicios, con la posibilidad de recurrir a la vía judicial en caso de incumplimiento.
Un hecho de violencia
El segundo caso terminó con la exoneración de Facundo Iván Guajardo, quien se desempeñaba como personal de planta permanente en la Subsecretaría de Familia del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano. El sumario, iniciado el 30 de marzo de 2023, dio por acreditadas conductas de violencia familiar y laboral.
Según la documentación oficial, el agente incurrió en presuntos hechos de amenazas, acoso, hostigamiento, vigilancia constante, celos excesivos, insultos y chantaje contra su pareja y el hijo menor de ella, entre junio y agosto de 2022. Las actuaciones incluyeron intervenciones judiciales y el ejercicio del derecho de defensa por parte del acusado, quien negó los hechos.
Las autoridades consideraron especialmente grave la situación debido a que el ex agente cumplía funciones vinculadas al cuidado de personas en situación de alta vulnerabilidad, como adultos mayores. En ese contexto, se concluyó que su conducta reflejó una “notoria indignidad moral” incompatible con el ejercicio de la función pública.
Desde el Gobierno provincial remarcaron que estas decisiones forman parte de una política sostenida para erradicar prácticas irregulares, reforzar la responsabilidad de los agentes estatales y garantizar un Estado eficiente, transparente y comprometido con los valores institucionales.
Fuente. Medios.
