Las denuncias públicas que vinculan a la diputada de La Libertad Avanza por Río Negro, Lorena Villaverde, con causas por presunto narcotráfico en Estados Unidos derivaron en pedidos de remoción de su banca y de su cargo al frente de la comisión de Energía y Combustibles en la Cámara de Diputados.
Las solicitudes fueron impulsadas por legisladores de distintos bloques. El socialista santafesino Esteban Paulón presentó un proyecto de resolución para remover a Villaverde de la presidencia de la comisión, amparándose en el artículo 66 de la Constitución Nacional, que permite a la Cámara excluir a un miembro por “inhabilidad física o moral sobreviniente”.
En paralelo, la diputada del PRO por Chubut, Ana Clara Romero, también elevó un pedido al presidente de la Cámara, Martín Menem, advirtiendo que “la sola trascendencia pública” de las denuncias “afecta de manera directa la imagen institucional del Congreso” y genera un “perjuicio para la credibilidad” del cuerpo legislativo.
Ambas iniciativas se apoyan en investigaciones periodísticas recientes que dan cuenta de expedientes judiciales contra Villaverde en Estados Unidos y una pesquisa por lavado de activos en Argentina. La rionegrina es candidata a senadora por LLA en Río Negro.
Por su parte, el exdiputado y actual candidato a senador Facundo Manes también hizo público un proyecto que solicita directamente la remoción de Villaverde de su banca, al señalar que “una diputada nacional detenida en EE.UU. por narcotráfico genera una incompatibilidad ética y política inviable”.
Desde el entorno de la legisladora rionegrina minimizaron las acusaciones y los pedidos de desplazamiento, al considerar que “se enmarcan en la campaña electoral” y que “no tienen sustento”.
