El Gobierno nacional oficializó la promulgación de la Ley N° 27.804, que introduce modificaciones en la Ley de Glaciares y redefine el esquema de protección de estos cuerpos de hielo considerados reservas estratégicas de agua dulce.
La medida fue formalizada a través del Decreto 271/2026, publicado en el Boletín Oficial, y lleva las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete Manuel Adorni. La norma ya se encuentra en vigencia en todo el territorio nacional.
La sanción definitiva de la ley se había producido el pasado 8 de abril en la Cámara de Diputados, donde obtuvo 137 votos afirmativos, 111 negativos y tres abstenciones.
Uno de los cambios centrales de la reforma es la transferencia de competencias a las provincias, que ahora podrán establecer sus propios criterios técnicos para determinar qué glaciares y áreas periglaciares serán protegidos. En ese marco, las jurisdicciones tendrán un rol determinante en la aplicación de la normativa ambiental.
El nuevo esquema responde, según el Gobierno, a pedidos de provincias vinculadas a la actividad minera, como las integrantes de las mesas del litio y del cobre.
Otro punto relevante es la redefinición del alcance de la protección, que ahora se limita a los glaciares y ambientes periglaciares que cumplan funciones hídricas específicas, bajo verificación local.
El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) pasará a tener un rol principalmente registral, mientras que el inventario nacional será de consulta obligatoria para las provincias, aunque sin carácter vinculante en la definición de áreas protegidas.
La reforma también habilita la intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores en zonas fronterizas no demarcadas.
En paralelo, se establece un sistema de evaluación de impacto ambiental caso por caso para todas las actividades proyectadas en glaciares o áreas periglaciares, reemplazando el esquema de prohibiciones generales por un modelo más flexible y de aplicación provincial.
El texto normativo introduce además el principio precautorio como criterio transitorio, los glaciares incluidos en el inventario nacional permanecerán protegidos hasta que la autoridad ambiental determine que no cumplen con las funciones establecidas. A partir de esa evaluación, podrían perder su estatus de protección específica, aunque continuarían bajo el paraguas general de la Ley de Ambiente.
Con estos cambios, la política de protección glaciar en Argentina pasa de un esquema nacional uniforme a un sistema descentralizado, con fuerte protagonismo de las provincias en la toma de decisiones.
Fuente: Medios
