La tragedia ocurrió el 29 de junio de 2021, cuando una fuga de gas provocó una explosión seguida de un incendio en el sector destinado al albergue de niñas del establecimiento educativo, ubicado en ese paraje de la meseta neuquina.
En el lugar murieron el gasista matriculado Nicolás Francés, de 70 años, y su sobrino Mariano Spinedi, de 47, quienes realizaban tareas de instalación y verificación de calefactores. La docente Mónica Jara, de 34 años, logró salir del edificio por una ventana con graves quemaduras y fue trasladada primero al hospital Castro Rendón y luego a Mendoza, donde falleció el 12 de julio de 2021. Era su primer día de clases presenciales tras haberse recibido como docente.
La obra que antecedió a la tragedia
La investigación determinó que la ampliación de la escuela, adjudicada a la empresa Arte Construcciones SRL mediante una licitación privada, debía finalizar en 180 días corridos desde el 8 de noviembre de 2019. Sin embargo, la ejecución se extendió durante 552 días.
El 12 de marzo de 2021, la Subsecretaría de Obras Públicas emitió un certificado que daba por finalizados el 100% de los trabajos. Según la acusación, ese documento fue firmado cuando la obra aún no estaba terminada, no había sido inspeccionada conforme a los procedimientos establecidos y continuaban realizándose tareas dentro del edificio. Tres meses y medio después ocurrió la explosión.
La investigación
La causa fue impulsada por el fiscal jefe de Cutral Co, Gastón Liotard, y la fiscal Gabriela Macaya. Inicialmente fueron imputadas diez personas, aunque el proceso concluyó con seis acusados.
Durante la etapa de instrucción fueron sobreseídos Gabriel Potás, coordinador interinstitucional de la Unidad de Planificación e Infraestructura del Ministerio de Educación; Fabio Luna y Patricia Cressatti, ambos funcionarios del Consejo Provincial de Educación. Además, un subcontratista accedió a una suspensión de juicio a prueba.
El juicio oral
El juicio comenzó el 12 de agosto de 2024 y finalizó el 28 de ese mes, luego de doce jornadas de audiencias desarrolladas en la Ciudad Judicial de Neuquén.
Durante el debate declararon cerca de 50 testigos, entre familiares de las víctimas, docentes, dirigentes sindicales, trabajadores de la construcción, bomberos, policías, peritos y exfuncionarios.
Llegaron a juicio Roberto Deza, exsubsecretario de Obras Públicas; Raúl Capdevila y Carlos Córdoba, exdirectores de Obras Públicas; Sergio Percat, director de Obras Contratadas; y, por la empresa Arte Construcciones, Diego Bulgheroni, representante técnico, y Héctor Villanueva, socio gerente.
Uno de los puntos analizados durante el debate fue la firma del certificado final de obra por parte de Percat. La acusación sostuvo que el funcionario aseguró haber realizado la inspección correspondiente, aunque la geolocalización de su teléfono celular indicaba que ese día se encontraba en la ciudad de Neuquén.
Las condenas
El 3 de septiembre de 2024 el tribunal declaró culpables por unanimidad a cinco de los seis imputados por el delito de estrago culposo seguido de muerte. Las penas fueron dadas a conocer el 13 de febrero de 2025.
Sergio Percat fue condenado a cinco años de prisión efectiva, inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos e inhabilitación por diez años para ejercer como ingeniero.
Diego Bulgheroni recibió una pena de cuatro años y seis meses de prisión efectiva e inhabilitación profesional por nueve años.
Carlos Córdoba y Raúl Capdevila fueron condenados a cuatro años de prisión efectiva, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos e inhabilitación durante ocho años como maestros mayores de obra. Héctor Villanueva recibió tres años de prisión de ejecución condicional.
El único absuelto fue Roberto Deza, exsubsecretario de Obras Públicas durante la gestión provincial de Omar Gutiérrez.
Al fundamentar el fallo, el tribunal sostuvo que la responsabilidad atribuida al gasista Nicolás Francés por no haber realizado una prueba de hermeticidad no eximía del deber de control que recaía sobre los funcionarios y representantes de la empresa.
Los jueces también descartaron responsabilidades por parte de la directora del establecimiento, Martha Báez, al considerar que había cumplido con las resoluciones del Consejo Provincial de Educación que ordenaban el regreso a la presencialidad.
La decisión definitiva del TSJ
El 19 de marzo de 2026, la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, integrada por Soledad Gennari y Alfredo Elosú Larumbe, rechazó por unanimidad los recursos extraordinarios presentados por las defensas y las querellas.
La resolución dejó firmes las condenas de los cinco responsables y confirmó la absolución de Deza. Además, el máximo tribunal provincial entendió que el expediente no presentaba cuestiones federales suficientes para habilitar una revisión por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Con esa decisión, la causa quedó definitivamente concluida en el ámbito provincial.
Las irregularidades detectadas
A lo largo del proceso judicial quedó acreditado que se certificaron trabajos que no estaban concluidos, se incumplieron protocolos de seguridad, no se verificó correctamente la instalación de gas y se permitió el uso de un edificio que todavía permanecía en obra.
Para los distintos tribunales que intervinieron en la causa, esa sucesión de incumplimientos generó las condiciones que derivaron en la explosión.
El impacto del caso
Además de las responsabilidades penales individuales, el expediente puso en discusión los mecanismos de control sobre la obra pública provincial, las certificaciones de avance, las inspecciones técnicas y la relación entre funcionarios y empresas contratistas.
Durante su alegato de apertura, el fiscal Gastón Liotard señaló que existía un elemento común en toda la causa: la desidia. Según sostuvo, tanto funcionarios públicos como representantes de la empresa incurrieron en conductas negligentes durante las distintas etapas de ejecución y control de la obra.
Cinco años después de la tragedia, el caso de Aguada San Roque constituye el primer antecedente en Neuquén con condenas penales firmes por una tragedia vinculada a irregularidades en una obra pública y marcó un precedente sobre las responsabilidades derivadas de la falta de controles en la ejecución de infraestructura estatal.
Fuente: Medios
