La reforma de la Ley de Glaciares se convirtió en uno de los ejes centrales del debate en el Senado desde el inicio del período de sesiones extraordinarias. El bloque de La Libertad Avanza (LLA) promueve modificaciones a la normativa vigente, mientras que parte de la oposición, con Unión por la Patria (UxP) a la cabeza, defiende su preservación en nombre de la protección de las reservas de agua dulce destinadas al consumo humano.
El oficialismo sostiene que la ley actual genera “inseguridad jurídica” y frena inversiones estratégicas, en particular en minería e hidrocarburos. En ese marco, el proyecto impulsado desde el Ejecutivo propone acotar el alcance de la protección a los glaciares que cumplan una “función hídrica efectiva y estratégica”, lo que permitiría habilitar actividades productivas en zonas hoy restringidas.
Desde el entorno del Gobierno explican que la iniciativa busca, además, reforzar el federalismo y respetar la autonomía de las provincias para decidir sobre sus recursos naturales. Ese planteo es respaldado por distritos con potencial minero, como San Juan, Catamarca y Jujuy, donde el litio y el cobre aparecen como ejes del desarrollo económico.
La resistencia más firme proviene de Unión por la Patria, aunque el bloque no muestra una postura completamente unificada. Mientras la conducción del interbloque, encabezada por el senador José Mayans, rechaza la reforma y prioriza la protección de los recursos hídricos, legisladores de provincias mineras se muestran más proclives a flexibilizar las áreas protegidas para avanzar con proyectos productivos. Esa tensión interna expone el dilema entre desarrollo económico y resguardo ambiental.
En paralelo, organizaciones ambientalistas advirtieron que los cambios propuestos ponen en riesgo reservas estratégicas de agua dulce y desvirtúan el espíritu original de la ley, que busca preservar glaciares y ambientes periglaciales como reguladores naturales del recurso hídrico.
La legislación vigente establece una protección amplia que alcanza tanto a los glaciares como al ambiente periglacial, incluidos los suelos congelados, y prohíbe actividades que puedan afectar su integridad, como la minería y la exploración de hidrocarburos. Los senadores que respaldan la reforma aseguran, en cambio, que el objetivo es otorgar “certezas técnicas” y compatibilizar el desarrollo económico con el cuidado ambiental, sin eliminar los mecanismos de control y auditoría.
El proyecto del Gobierno ya obtuvo dictamen favorable en el plenario de comisiones del Senado y quedó definido que su tratamiento en el recinto se realizará el 10 de febrero del próximo año, en un debate que anticipa fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición.
Fuente: Medios
