La quinta Marcha Federal Universitaria se realizó este jueves frente al Congreso de la Nación, en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, y terminó con incidentes, seis manifestantes detenidos y ocho efectivos de las fuerzas de seguridad lesionados. Los enfrentamientos se registraron en la intersección de la avenida Rivadavia y Callao, donde hubo lanzamiento de piedras, uso de gases y camiones hidrantes.
Según el informe de la Policía de la Ciudad, entre los seis detenidos hay cuatro mayores de edad, de 19, 22, 31 y 45 años, y dos menores, de 14 y 17 años. Todos fueron arrestados por presunto atentado y resistencia a la autoridad. En el caso del menor de 14 años, fue imputado y entregado al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de acuerdo con la información policial.
En cuanto a los efectivos lesionados, dos pertenecen a la Policía Federal Argentina (PFA), cuatro a la Gendarmería Nacional (GNA) y dos a la Prefectura Naval Argentina (PNA). Los incidentes se produjeron mientras se desarrollaba el acto central de la movilización.
La protesta reunió a organizaciones sindicales, educativas y políticas, con el acompañamiento de la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), agrupaciones de izquierda, sectores de la Unión Cívica Radical (UCR) y espacios del peronismo.
En un documento conjunto, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y CTERA, entre otras organizaciones, exigieron la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario y advirtieron que las casas de estudio atraviesan una situación crítica que podría comprometer el sostenimiento de sus funciones durante el próximo año.
Bajo la consigna de defender la educación, la soberanía y la democracia, las entidades afirmaron que “sin educación pública, sin profesionales de excelencia y sin desarrollo científico soberano, no existen posibilidades reales de consolidar un país con equidad, autonomía y desarrollo social”.
El documento también cuestionó al Gobierno nacional por la negativa a cumplir las leyes y los fallos judiciales vinculados con el financiamiento universitario. Además, manifestó su rechazo al DNU 70/23 y alertó sobre el riesgo institucional que, según las organizaciones, implica el uso de decretos de urgencia para gobernar.
En ese marco, las entidades defendieron los principios históricos del sistema universitario argentino, entre ellos la gratuidad, la autonomía, el cogobierno, el ingreso irrestricto y la inclusión territorial, y destacaron el papel de la educación pública como herramienta de movilidad social.
Otro de los puntos centrales del reclamo fue el proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Poder Ejecutivo. Las organizaciones lo calificaron como insuficiente y denunciaron que contempla una inversión inferior al 1% del Producto Bruto Interno (PBI), además de no incluir las partidas previstas en la Ley de Financiamiento Universitario.
Frente a ese escenario, respaldaron la propuesta presupuestaria del CIN, que plantea un incremento del 33,4% respecto del proyecto oficial.
Las entidades también expresaron preocupación por el desfinanciamiento de la ciencia y la tecnología, la salida de investigadores del país, la reducción de las becas estudiantiles y la paralización de proyectos científicos. En particular, cuestionaron el congelamiento de las Becas Progresar, que permanecen en $35.000 desde 2024, la desinversión en las Becas Manuel Belgrano y el estancamiento de las Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas del CIN.
A su vez, denunciaron el deterioro de los salarios docentes y nodocentes, la pérdida de poder adquisitivo y la falta de convocatoria a paritarias libres. También reclamaron respuestas sobre la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el nomenclador preuniversitario y las garantías jubilatorias.
Al cierre del documento, las organizaciones sostuvieron que la universidad pública argentina constituye una herramienta fundamental para el desarrollo nacional y señalaron que la inversión sostenida en educación, ciencia y tecnología resulta clave para afrontar los problemas del país.
Por su parte, el Gobierno nacional repudió los incidentes registrados en las inmediaciones del Congreso. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, cuestionó a los manifestantes involucrados en los enfrentamientos y afirmó que “los mismos violentos de siempre quieren imponer el caos”.
La funcionaria también acusó a los participantes de desafiar a las fuerzas de seguridad y de intentar convertir las calles en una zona liberada.
Fuente: Medios
