La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó al Gobierno nacional aplicar de manera inmediata la Ley de Financiamiento Universitario (27.795), al rechazar la apelación presentada por el Poder Ejecutivo contra una medida cautelar vigente.
En su resolución, el tribunal consideró que la norma fue aprobada por amplia mayoría en el Congreso y desestimó los argumentos del Gobierno para no implementarla, a los que calificó de “poco serios”. Además, señaló que la suspensión por decreto de la ley resulta “ilegítima”.
El fallo también establece la obligación de recomponer los salarios de docentes y no docentes universitarios desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, en septiembre de 2025. A su vez, dispone la actualización de las becas estudiantiles y exige su puesta en marcha en el corto plazo.
La decisión judicial se da en un contexto de conflicto en el sistema universitario, tras tres semanas de paro nacional impulsado por reclamos salariales y presupuestarios. La medida afectó el normal dictado de clases en universidades públicas de todo el país.
El proceso judicial se inició a partir de un amparo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional, que reúne a las universidades públicas. La presentación cuestionó el desfinanciamiento del sector y la falta de aplicación de la ley sancionada por el Congreso.
El fallo representa un nuevo capítulo en la disputa entre el Gobierno y el sistema universitario, y obliga al Ejecutivo a avanzar con medidas concretas para garantizar el financiamiento y funcionamiento de las instituciones de educación superior.
Fuente: Medios
