La discusión gira en torno a un dato que la defensa considera determinante: dos pericias genéticas establecieron que el ADN hallado en el semen encontrado en la víctima no corresponde a Julio Flores, el tío que fue declarado culpable por un jurado popular. Los estudios detectaron un perfil genético diferente, aunque nunca pudo ser identificado porque el único cotejo realizado durante la investigación fue con el acusado.
Pese a ello, el Tribunal de Impugnación revocó la nulidad que había dispuesto la jueza técnica Laura Barbé y restituyó la validez del veredicto de culpabilidad. Ahora la defensa busca que el TSJ revierta esa decisión y ordene un nuevo juicio.
La nulidad que cambió el rumbo de la causa
Tras el veredicto del jurado popular, la jueza Laura Barbé realizó un control de constitucionalidad y concluyó que la prueba presentada durante el debate no alcanzaba para superar el estándar de certeza requerido para una condena penal.
La magistrada sostuvo que subsistían dudas relevantes sobre la autoría atribuida al acusado y consideró especialmente significativo que las pericias genéticas no lograran vincularlo con los rastros biológicos analizados.
Además, señaló que durante el juicio no se pudo establecer con precisión dónde ocurrió el abuso, cómo se produjo ni reconstruir de manera concluyente distintos aspectos centrales de la acusación.
Para Barbé, esas incertidumbres impedían sostener una condena válida y, por ese motivo, anuló el veredicto de culpabilidad y dejó sin efecto la audiencia prevista para fijar la pena.
El Tribunal de Impugnación revocó la decisión
La Fiscalía impugnó esa resolución y obtuvo un fallo favorable del Tribunal de Impugnación, integrado por las juezas Estefanía Sauli y Florencia Martini y el juez Richard Trincheri.
Los magistrados consideraron que Barbé excedió las facultades que le corresponden como jueza técnica y entendieron que reemplazó la valoración realizada por los doce integrantes del jurado popular.
Según el fallo, la magistrada “se convirtió en el jurado número 13” al efectuar un análisis propio de la prueba y sustituir la decisión adoptada por los ciudadanos convocados para resolver el caso.
Por unanimidad, el Tribunal de Impugnación anuló la resolución de Barbé y ordenó avanzar hacia una nueva audiencia para determinar la pena que correspondería imponer al acusado.
Los argumentos de la defensa
Frente a ese escenario, los abogados defensores presentaron un recurso extraordinario para que intervenga el Tribunal Superior de Justicia.
Entre sus principales planteos sostienen que la Fiscalía no logró acreditar la acusación más allá de toda duda razonable y que, ante esa situación, debe aplicarse el principio de “in dubio pro reo”, que obliga a resolver las dudas en favor del imputado.
También cuestionan que el Tribunal de Impugnación haya dejado sin efecto la decisión de la jueza que presenció todo el juicio y tuvo contacto directo con la prueba producida durante el debate.
Otro de los puntos planteados por la defensa es que el Código Procesal Penal neuquino no otorgaría a la Fiscalía facultades para impugnar la nulidad de un veredicto emitido por un jurado popular.
Además, remarcan que en una causa que podría derivar en una condena a prisión perpetua debe existir un control judicial estricto sobre la calidad y suficiencia de la prueba.
Cuestionamientos a la investigación
Los defensores también sostienen que algunas líneas investigativas fueron descartadas sin una profundización suficiente. Entre ellas mencionan a una persona que mantenía contacto frecuente con la adolescente a través de redes sociales y que fue convocada como testigo durante el juicio.
Asimismo, señalaron que no se avanzó sobre movimientos de dinero que la joven habría recibido en su cuenta de Mercado Pago y cuestionaron que las pericias informáticas realizadas sobre dispositivos secuestrados durante la investigación nunca fueran expuestas públicamente.
La defensa también planteó observaciones sobre la integración del jurado popular que intervino en el juicio.
La decisión que espera la familia de Ludmila
Con el expediente ya elevado, será el Tribunal Superior de Justicia quien tenga la última palabra. Los jueces deberán resolver si la condena dictada por el jurado popular queda firme o si las dudas planteadas sobre la prueba justifican retrotraer el proceso y realizar un nuevo juicio.
La resolución tendrá impacto no solo sobre la situación judicial del acusado, sino también sobre la familia de Ludmila Flores, que continúa reclamando respuestas sobre lo ocurrido.
Según sostuvieron los representantes de la querella, si no se profundiza la investigación y no se revisan los elementos cuestionados por la defensa, podrían persistir interrogantes fundamentales sobre quién fue el autor del abuso que sufrió la adolescente antes de su muerte.
Fuente: Medios
