La inauguración del 55º período de sesiones ordinarias tuvo esta vez un signo claro: dejar plasmada una visión de gestión que pretenda trascender los ritmos electorales y orientarse a metas de mediano y largo plazo. El gobernador Rolando Figueroa aprovechó el escenario parlamentario no solo para presentar un diagnóstico, sino para desplegar un paquete amplio de medidas que busca ordenar infraestructura, políticas sociales y gestión pública bajo un mismo paraguas: Neuquén 2030.
El despliegue de intenciones combina grandes obras con intervenciones sectoriales. En materia vial, el anuncio del denominado Plan Vial Histórico no es retórica: la ejecución de 1.463 kilómetros intervenidos y la apertura de 787 kilómetros nuevos de asfalto suponen una escala de inversión inusual para la provincia. Proyectos como la pavimentación de la Ruta 54 hasta Manzano Amargo, la restauración integral de la Ruta 43 y la pavimentación de la Ruta 7 —clave para articular Chos Malal con Añelo— muestran una mirada orientada a la conectividad regional y al fortalecimiento de corredores productivos. A su vez, el impulso a siete puentes en altura y la duplicación de calzada en tramos estratégicos, incluida la obra de 19 kilómetros en la Ruta 67 por $24.770 millones, apuntan a ordenar el tráfico pesado y a mejorar la logística vinculada a Vaca Muerta.
No se trata solo de asfalto: el paquete incluye inversiones en equipamiento urbano y en proyectos que buscan dotar de servicios a sectores relegados.El anuncio del primer natatorio olímpico regional, con 7.600 m² y una pileta de 25 x 50 m, junto con instalaciones en San Martín de los Andes, Zapala y Plaza Huincul, responde a una política pública que combina infraestructura deportiva con objetivos de inclusión y formación. En ese mismo eje se inscriben la creación de la Universidad de las Artes y la ampliación de programas educativos y de becas, medidas que pretenden incidir en la movilidad social: 19.000 beneficiarios por año y un dato destacable, el 80% son la primera generación universitaria en su familia.
La vivienda, punto crítico en muchas provincias, recibió propuestas concretas: el plan Neuquén Habita prevé 450 millones de dólares en dos años y la introducción de Créditos Hipotecarios Provinciales desde agosto de 2026, con financiamiento público dirigido a quienes quedan fuera del circuito bancario tradicional. El reordenamiento interno del sistema habitacional y la segmentación de 36.000 casos buscan priorizar a los más vulnerables y completar procesos de escrituración y mensura; la proyección de 17.000 viviendas canceladas y más de 1.000 escrituras son indicadores de esa intención.
En materia económica, el discurso exhibió números que pretenden dar solidez a la gestión: una reducción de la deuda pública del 38%, que llevó la deuda de 1.263 millones de dólares (83% de ingresos) a 778 millones (20% de ingresos), y la afirmación de que Neuquén aporta 4,4% del PBI nacional con apenas el 1,2% de la población. Estos datos, junto con la inversión pública declarada —1.000 millones de dólares en obra— y la creación de más de 5.000 empleos, sostienen un relato de orden fiscal y dinamismo productivo. Sin embargo, la traducción de esas cifras en bienestar sustentable dependerá de la constancia de la inversión y de la gestión frente a variables externas, como los precios internacionales de los recursos locales.
La agenda de seguridad incorporó resultados operativos frente al narcomenudeo —236 allanamientos, 286 detenidos y 92 condenas— y la incorporación de equipamiento policial por 3.000 millones de pesos. Son medidas que buscan dar respuesta inmediata a demandas ciudadanas, pero que también requieren estrategias complementarias de prevención y fortalecimiento institucional para sostener resultados en el tiempo.
Más allá de los anuncios, el desafío central de Neuquén 2030 es “generacional”: convertir un conjunto de proyectos en una política pública perdurable exige mecanismos de seguimiento, indicadores claros y transparencia en la ejecución. La existencia de metas ambiciosas —infraestructura, vivienda, educación y seguridad— debe ir acompañada de cronogramas verificables, fuentes de financiamiento estables y oficinas técnicas con autonomía para evaluar avances y corregir desvíos. Sin esos elementos, la ambición corre el riesgo de quedar supeditada a la gestión contingente.
Otro factor clave será la construcción de consensos. Un programa a diez años exige acuerdos básicos entre Ejecutivo, Legislatura, municipios y sectores económicos y sociales. La amplitud del acto —con intendentes, ex gobernadores, representantes sindicales y legisladores— buscó dar esa imagen de respaldo. Ahora viene la prueba difícil: transformar ese respaldo simbólico en compromisos normativos y presupuestarios que atraviesen administraciones y coyunturas.
La comunicación del proyecto hacia la ciudadanía debe ser más que un inventario de obras: requiere contar cómo cada inversión incide en la vida cotidiana —empleo, vivienda, salud, movilidad— y ofrecer canales de rendición que permitan a la sociedad medir el cumplimiento. Neuquén 2030 tiene la ventaja de presentarse con propuestas concretas. Su futuro dependerá, en última instancia, de la capacidad de traducir promesas en resultados visibles y sostenibles. El rumbo está planteado.
