En el día 24 del juicio por la estafa con planes sociales en Neuquén, los testigos citados por las defensas dieron detalles sobre el funcionamiento interno del Ministerio de Desarrollo Social, describiendo un desorden administrativo, un proceso burocrático extenso para aprobar los pagos y formas irregulares de contratación de personal.
Tras varias semanas de declaraciones de testigos citados por la Fiscalía de Delitos Económicos, este viernes las defensas comenzaron a presentar sus propios testimonios y a dar voz a los imputados, como fue el caso de Marcos Osuna.
Este lunes, en el inicio de la sexta semana del juicio, empleados administrativos del ministerio explicaron cómo era el proceso de pago de los planes, solicitando resguardo de su identidad.
Testigos con reserva de identidad
Los empleados pidieron que sus nombres e imágenes no sean difundidos, ya que actualmente trabajan en otras reparticiones de la provincia tras la disolución del Ministerio de Desarrollo Social. Explicaron que el clima laboral era bueno y que recibían un trato respetuoso de sus jefes, quienes son imputados en la causa.
Cruce entre defensas y Fiscalía
La estrategia de las defensas se centró en desacreditar los testimonios de la Fiscalía, buscando demostrar que no existió una asociación ilícita ni intenciones criminales en el desvío de fondos destinados a subsidios para desocupados.
Un empleado público explicó que, al ingresar a la Dirección General de Administración, a cargo entonces de Griselda Cittadini, encontró atrasos de seis a ocho meses en la rendición de pagos y un desorden generalizado. Según los testigos, la llegada de un nuevo director, Tomás Siegenthaler, permitió ordenar la documentación y agilizar procesos, mientras que el ministro Abel Di Luca proveía datos sobre beneficiarios y montos, aunque los empleados desconocían cómo los obtenía.
Irregularidades en el manejo de planes
Los testigos describieron que se utilizaba un software interno, Admix, que no permitía cruzar datos con otros sistemas contables de la administración provincial, como Sicopro o GDE. Antes de la pandemia, se imprimían grandes cantidades de cheques, que luego se redujeron a unos 50 mensuales al implementarse la bancarización.
Una testigo reveló que ingresó al ministerio a los 17 años y recibió su sueldo inicialmente en efectivo a través de un plan social, al igual que sus compañeras, hasta que alcanzó la mayoría de edad y el plan pasó a su nombre.
Contador mencionado en el juicio
Durante la audiencia, se debatió la solicitud de la defensa de Julio Arteaga, auditor de la Contaduría General, para no ser nombrado debido a problemas de salud. La jueza Carina Álvarez y el tribunal rechazaron la solicitud, aunque suspendieron temporalmente su proceso para preservar su estado psicofísico.
Arteaga fue mencionado por su rol en la gestión de cheques provenientes de subsidios para el Club Pacífico en su momento, generando polémica que el club aclaró correspondía a la anterior comisión directiva y no a la actual.
Fuente: Medios
