El ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, lanzó una advertencia contundente frente a las amenazas detectadas en escuelas de la provincia: “Los padres son solidariamente responsables”, afirmó, al tiempo que pidió mayor compromiso familiar.
El funcionario se refirió a los episodios registrados en distintas localidades, en sintonía con situaciones similares a nivel nacional, y remarcó que “la primera obligación es social”. En ese sentido, sostuvo que no todo puede recaer en el Estado y que las familias deben asumir un rol activo.
Las investigaciones avanzaron con resultados concretos. Según detalló, ya se logró identificar a jóvenes involucrados en amenazas detectadas en escuelas de ciudades como Puerto Madryn, Trelew, Rawson, Gaiman, Esquel y Epuyén.
En el marco de esos operativos, se realizaron allanamientos en múltiples localidades: dos en Puerto Madryn, dos en Trelew, uno en Gaiman, cuatro en Rawson, uno en Esquel y otro en Epuyén. Además, se demoró a un menor en Puerto Madryn.
Iturrioz fue enfático al señalar que este tipo de hechos “no pueden ser tomados como una broma”, especialmente cuando incluyen referencias a armas o posibles ataques. “Si se incumple la ley, hay consecuencias”, advirtió.
El ministro también puso en valor el rol de la comunidad educativa. Destacó la colaboración de docentes y autoridades escolares, que permitió avanzar rápidamente en las investigaciones y obtener resultados positivos en varios casos.
En paralelo, subrayó la importancia del uso responsable de las redes sociales, y pidió a padres y familiares un mayor control y acompañamiento, especialmente en el caso de adolescentes.
Las tareas fueron llevadas adelante por la Policía del Chubut, a través de las divisiones de investigaciones, en conjunto con el Ministerio Público Fiscal. Como parte de los procedimientos, se secuestraron celulares y otros elementos clave para las causas en curso.
El mensaje oficial apunta a marcar un límite claro: las amenazas en el ámbito escolar tienen consecuencias legales y requieren un abordaje conjunto entre el Estado y las familias.
