El Gobierno de Neuquén volvió a ratificar su política de “tolerancia cero” frente a la indisciplina, los delitos y las conductas inadmisibles dentro de la fuerza de seguridad. En esta ocasión, se dispuso la destitución de tres integrantes de la Policía y del Cuerpo Penitenciario, medida que se suma a otra separación confirmada días atrás.
Las sanciones incluyeron dos cesantías y una exoneración, con las que el Ejecutivo, encabezado por Rolando Figueroa, busca erradicar de la institución a quienes manchan el uniforme con faltas graves o delitos.
Uno de los casos es el de Claudio Andrés Zúñiga, quien hasta hace poco se desempeñaba como cabo. Su legajo acumulaba 75 días de arresto disciplinario en menos de un año, superando ampliamente lo permitido por el régimen interno.
Además, estaba bajo investigación por la presunta falsificación de un certificado médico. La Jefatura de Policía recomendó su sanción con cesantía, medida que fue ratificada por el Ejecutivo.
El segundo efectivo separado fue el agente Jonatán David Pérez. La investigación se inició en 2023, en la comisaría de Vista Alegre, cuando presentó un certificado médico falso.
Las pericias determinaron que el documento tenía firma, caligrafía y matrícula adulteradas, lo que derivó no solo en un sumario administrativo sino también en una causa judicial por falsedad documental. La sanción disciplinaria aplicada fue la cesantía.
El tercer caso corresponde al sargento penitenciario Adalberto Flavio Guillermo Gallone, condenado en un juicio abreviado a tres años de prisión en suspenso por abuso sexual gravemente ultrajante contra una víctima conviviente.
La condena fue suficiente para que el Ministerio de Seguridad solicitara su exoneración, la sanción más severa prevista en la normativa. Con esta medida, Gallone pierde todos los derechos y beneficios asociados a su carrera policial.
Una política de depuración
Estas expulsiones se suman a la reciente exoneración de Humberto Oscar Suárez, también integrante del Cuerpo Penitenciario, condenado por abuso sexual simple contra menores.
Desde el Ejecutivo remarcaron que se trata de una política firme y sostenida de depuración de las fuerzas. “Es imperiosa la expulsión de quienes, por su comportamiento, no merecen llevar el uniforme”, señalaron fuentes oficiales.
Fuente: Medios
