Un proyecto presentado en la Legislatura de Río Negro propone reinstaurar límites estrictos de inasistencias y recuperar un esquema de sanciones disciplinarias en las escuelas secundarias, tanto públicas como privadas.
La iniciativa busca derogar la Resolución 4617/17 del Consejo Provincial de Educación (CPE), al considerar que la eliminación de consecuencias frente al ausentismo generó inasistencias crónicas y debilitó la convivencia escolar.
El proyecto es impulsado por los legisladores Patricia McKidd, Gabriela Picotti, Santiago Ibarrolaza y Claudio Doctorovich, quienes plantean la creación del Régimen de Asistencia, Responsabilidad y Reparación Educativa (RARRE).
Entre los puntos centrales, se establece un tope de 25 faltas justificadas anuales o 20 inasistencias totales, incluyendo justificadas e injustificadas. Además, tres llegadas tarde o retiros anticipados equivaldrán a una falta.
El sistema prevé alertas progresivas al alcanzar las 10, 15 y 20 inasistencias. En caso de superar el límite, el estudiante perderá la condición de regular, aunque no será expulsado del sistema, ya que deberá cumplir instancias de acompañamiento y evaluación.
En paralelo, el proyecto incorpora el Régimen de Responsabilidad Reparadora Educativa (RRRE), que clasifica las conductas en leves, graves y muy graves.
Las faltas leves como el uso indebido del celular o conductas irrespetuosas serán abordadas con advertencias y actividades reflexivas. En casos graves, como bullying, daño a bienes o agresiones verbales, se aplicarán amonestaciones o suspensiones de 1 a 3 días.
Para situaciones muy graves, como violencia física, amenazas o ciberbullying sostenido, se contemplan suspensiones de hasta 10 días e incluso la reubicación transitoria del estudiante.
Un punto clave es que las amonestaciones impactarán en la asistencia, ya que cada dos equivaldrán a una falta injustificada.
Pese al endurecimiento de las reglas, los autores remarcan que el enfoque es formativo y no punitivo, con medidas de reparación como tareas comunitarias, proyectos solidarios o instancias de reflexión.
Además, el proyecto prohíbe prácticas humillantes o estigmatizantes y establece que las sanciones no podrán afectar las calificaciones académicas.
