Un nuevo proyecto presentado en la Legislatura de Río Negro reavivó un debate histórico en la provincia: la regularización de tierras fiscales, un proceso que todavía enfrenta importantes demoras y desafíos estructurales.
Según datos oficiales, de las más de 20 millones de hectáreas de tierras fiscales, cerca de 4 millones permanecen ocupadas sin título definitivo, lo que representa casi el 20% del total. Dentro de ese universo, unas 2,3 millones de hectáreas aún no cuentan con mensura, un requisito clave para avanzar hacia la escrituración.
Desde la Dirección de Tierras explicaron que la provincia viene implementando una política sostenida en este sentido, enmarcada en la Ley 5705, sancionada en 2023, que unificó la normativa vigente y estableció que la tierra debe cumplir una función social y productiva.
Uno de los principales cuellos de botella para regularizar la situación dominial es la falta de mensuras. En muchas zonas, los ocupantes tienen expedientes en trámite, uso productivo e incluso residencia, pero no pueden acceder al título de propiedad por no haber completado ese paso técnico.
Las mayores dificultades se concentran en regiones de difícil acceso como la Meseta de Somuncurá, El Cuy o el Bajo de Santa Rosa, donde las condiciones geográficas, la dispersión de los predios y los costos logísticos complican las tareas.
En total, se estima que cerca del 11,7% del territorio provincial aún no está mensurado, lo que refleja la magnitud del problema.
Qué plantea la ley vigente
La Ley 5705 establece que quienes ocupan tierras fiscales pueden acceder a la propiedad si cumplen ciertos requisitos, como acreditar al menos diez años de ocupación pacífica, residencia en la zona y uso productivo del predio.
El proceso contempla la compra del terreno al Estado, con un esquema de pago que incluye un anticipo del 10% y cuotas de hasta diez años. Sin embargo, desde el propio gobierno reconocen que las dificultades económicas actuales complican que muchos pobladores puedan avanzar en la regularización.
Un nuevo proyecto para destrabar el proceso
En este contexto, ingresó a la Legislatura una iniciativa para crear el llamado “Fondo Arraigo”, que apunta a facilitar el acceso a la titularización.
El proyecto propone financiar o subsidiar los costos de mensura y otros trámites, que en algunas zonas pueden superar los 4 millones de pesos, una cifra inaccesible para muchos ocupantes.
Además, plantea crear un registro único de beneficiarios y establecer criterios de prioridad según la situación social, los años de ocupación y el desarrollo productivo.
Para su financiamiento, se propone aplicar recargos sobre el impuesto inmobiliario a propiedades de mayor valuación, especialmente aquellas de gran tamaño o que se encuentren ociosas.
Un problema estructural
Desde organismos técnicos señalaron que, si bien la provincia ya tiene en marcha políticas de regularización, iniciativas como esta buscan acelerar los procesos, especialmente en lo que refiere a los aspectos técnicos.
El desafío no es menor: se trata de ordenar la situación de millones de hectáreas donde conviven producción, arraigo y falta de seguridad jurídica, en un contexto donde la tierra sigue siendo un eje clave para el desarrollo regional.
Fuente: Medios.
