La causa por el fentanilo contaminado, que investiga 173 muertes, sumó nuevos elementos a partir de la declaración de una testigo que confirmó que en el Laboratorio Ramallo conocían la existencia de contaminación bacteriológica, pero aun así siguieron fabricando para evitar frenar las ventas.
Según indicaron fuentes judiciales, la testimonial reveló que en el laboratorio, propiedad del empresario Ariel García Furfaro, había plena conciencia sobre la cadena de negligencia y la falsificación de resultados destinada a sostener la comercialización del producto.
La testigo declaró ante el juez Ernesto Kreplak que en el último tiempo se aceleraron los procesos y que todas las decisiones eran “ordenadas desde arriba”, en alusión directa a los accionistas.
Otro punto clave expuesto fue que, cuando inspectores de la ANMAT debían realizar controles en los laboratorios Ramallo y HLB Pharma, días antes desaparecían los cuadernos con los resultados microbiológicos positivos.
A principios de noviembre se conoció un nuevo informe del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema, que determinó que el opioide contaminado fue el factor determinante en 38 muertes.
De acuerdo con ese documento, a fines de octubre se realizó una actualización del primer informe elaborado por la junta médica, incorporando el análisis de otros 20 casos, lo que arrojó un panorama aún más alarmante.
El informe precisó que en 38 de las 40 muestras analizadas, la administración del opioide adulterado “fue clave en el desenlace fatal”. En los dos casos restantes no se pudo establecer un vínculo directo.
Finalmente, se informó que, tras una serie de allanamientos en Buenos Aires, Formosa, Córdoba y Santa Fe, se lograron incautar más de 82 mil ampollas de fentanilo alterado.
Fuente: Medios
