Más de 300 familias denunciaron haber sido víctimas de una presunta estafa millonaria en el oeste de Neuquén, vinculada al fideicomiso “Las Bardas”, que ofrecía lotes en la zona de Bajada de Maida, en tierras privadas aún en litigio pertenecientes a la sucesión de la familia Fava. Según la presentación judicial ingresada esta semana al Ministerio Público Fiscal, el perjuicio económico podría superar los 2.400 millones de pesos.
El emprendimiento fue presentado como una urbanización modelo, pero la Municipalidad de Neuquén nunca lo autorizó y multó a los responsables con más de 22 millones de pesos por loteos irregulares.
La denuncia, impulsada por un grupo de abogados en representación de unas 100 familias, apunta contra el administrador del fideicomiso, gerente de la firma Rocas Manantiales SRL, acusado de haber montado una estructura ficticia para captar dinero bajo la promesa de terrenos que “sabía desde un inicio que eran inviables”.
Según el escrito, la maniobra habría sido “meticulosamente orquestada” e incluiría a otras personas físicas y jurídicas, entre ellas un escribano neuquino que habría intervenido en la confección de documentos y escrituras para dar apariencia de legalidad al negocio.
Loteos irregulares y contratos bajo presión
El proyecto “Loteo Las Bardas” comenzó a promocionarse en 2020, ofreciendo terrenos con servicios y aprobación municipal. Sin embargo, la urbanización en esa zona se remonta a 2012 y, desde 2018, era inviable legalmente por un cambio en la normativa que impidió aprobar el plano de mensura. Aun así, los lotes se siguieron ofreciendo mediante contratos de adhesión y fideicomisos, ocultando a los compradores que las tierras no podían escriturarse.
En marzo de 2025, los denunciantes fueron convocados a firmar un documento denominado “Acuerdo de Partes y Condominio”, que según los abogados selló la estafa: los compradores fueron presionados a aceptar la inviabilidad del fideicomiso y a renunciar a futuras acciones judiciales.
“Se trató de una organización criminal con roles definidos, continuidad en el tiempo y una estructura societaria montada para defraudar”, afirmaron los abogados en la denuncia, donde se pide investigar delitos de estafa reiterada, administración fraudulenta y asociación ilícita.
Multas, conexiones precarias y terrenos sin servicios
El predio, identificado con la nomenclatura catastral 09-21-076-5123-0000, no cuenta con planos aprobados ni infraestructura básica, y fue objeto de infracciones por “propaganda indebida de loteos sin registro”. El documento municipal responsabiliza solidariamente a profesionales y constructores, incluyendo a Carlos Benavides, quien acumula una deuda de más de 22,6 millones de pesos.
Mientras tanto, las familias afectadas sobreviven sin agua ni energía estable. “Yo entregué 800 mil pesos y me hicieron 36 cuotas de 110 mil. Prometieron las obras para diciembre, pero no había ni luz ni agua. Tuve que comprar agua a los camiones y alquilar generadores”, contó Gisela Álvarez, una de las damnificadas.
La vecina explicó que incluso detectaron lotes vendidos más de una vez, calles fiscales loteadas y perforaciones clandestinas al caño del EPAS. “Armamos una comisión de vecinos para reclamar, pero nunca obtuvimos respuestas. Hay gente que compró hace más de 10 años y sigue sin su terreno ni escritura”, aseguró.
La querella solicitó que el Ministerio Público Fiscal avance con pericias contables para determinar el destino de los fondos y que se cite a declarar a los denunciados y al escribano implicado. “Detrás del sueño de la casa propia hubo una maniobra fría, planificada y sistemática para robarle a la gente”, concluyeron los abogados.
Fuente: Medios
